El Congreso Nacional aprob\u00f3 este martes los primeros tres art\u00edculos de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Pol\u00edtica de Seguridad, conocida como la ley antiterrorista porque califica de terrorismo la protesta publica.<\/p>\n
Los primeros art\u00edculos aprobados fueron por mayor\u00eda, gracias a la ausencia c\u00f3mplice de los diputados del partido Liberal, que supuestamente estaban en una reuni\u00f3n de bancada fuera del hemiciclo.<\/p>\n
Los tres primeros art\u00edculos se refieren, entre otras cosas a que se constituya como delito de extorsi\u00f3n, desde el envi\u00f3 de la nota de amenaza, para no tener que esperar a que se pague al delincuente, como estaba establecido en la ley hasta hoy.<\/p>\n
Adem\u00e1s se aprob\u00f3 que comete el delito de terrorismo, los miembros de una asociaci\u00f3n ilegal que realicen actos de vandalismo de manera repetitiva. Esto no incluye a los miembros de organizaciones legalmente constituidas, como partidos pol\u00edticos, campesinos, trabajadores estudiantes que realizan protestas p\u00fablicas, con lo que se garantiza su derecho a la manifestaci\u00f3n.<\/p>\n
La Ley tiene como objetivo el combate al delito de la extorsi\u00f3n, el accionar de estructuras como las maras y pandillas y otras acciones delictivas imponiendo penas m\u00e0s severas, aunque la oposici\u00f3n la considera como un acto de criminalizaci\u00f3n de la protesta p\u00fablica.<\/p>\n
En ese sentido, en el art\u00edculo uno, se reforma el art\u00edculo 222 del C\u00f3digo Penal que ahora establecer\u00e1 que comete el delito de extorsi\u00f3n, quien, con violencia o intimidaci\u00f3n y \u00e1nimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jur\u00eddico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsi\u00f3n debe ser castigado con la pena de prisi\u00f3n de 15 a veinte 20 a\u00f1os y multa de cincuenta 50 salarios m\u00ednimos en su nivel m\u00e1s alto, m\u00e1s las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia f\u00edsica realizados.<\/p>\n
La reforma establece que la extorsi\u00f3n se considera consumada y responder\u00e1n como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidaci\u00f3n, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto caracter\u00edstico de cualquier modalidad extorsiva, as\u00ed como quien participe en la recolecci\u00f3n de dinero en forma personal, por medio de transferencias electr\u00f3nicas o a trav\u00e9s de sus cuentas en instituciones financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito.<\/p>\n
Asimismo establece que se aumentar\u00e1 la pena en un tercio cuando los hechos se cometan en el \u00e1mbito de un grupo delictivo organizado; cuando un adulto, utilice a un menor o persona en condici\u00f3n de vulnerabilidad o capacidades especiales; cuando el hecho se comete sobre una v\u00edctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad, o sobre un funcionario o empleado p\u00fablico por raz\u00f3n de las funciones que desempe\u00f1a y cuando se somete a la v\u00edctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes.<\/p>\n
Adem\u00e1s cuando el culpable es funcionario o empleado p\u00fablico que act\u00faa con abuso de las funciones del cargo, cuando por efecto de la extorsi\u00f3n se produce el cierre de una empresa de cualquier naturaleza y que la orden para la comisi\u00f3n del delito emane de un centro penal o del extranjero.<\/p>\n
Tambi\u00e9n establece que el delito de extorsi\u00f3n es de orden p\u00fablico y el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 iniciar las investigaciones de Oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.<\/p>\n
La ley reforma el art\u00edculo 335 sobre quienes cometen el delito de terrorismo y agrega que adem\u00e1s de las asociaciones il\u00edcitas, quienes desarrollen de forma sistem\u00e1tica acciones cuyo prop\u00f3sito sea, mediante la comisi\u00f3n de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz p\u00fablica, aterrorizar o intimidar a la poblaci\u00f3n o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.<\/p>\n
Se adiciona el art\u00edculo 335-A que establece que se aplicar\u00e1n las penas contempladas en el art\u00edculo precedente a qui\u00e9n o a quienes como integrante de grupos de asociaci\u00f3n il\u00edcita de cualquier tipo, busque o busquen suplantar el ejercicio de las potestades de la autoridad p\u00fablica, tales como, el control territorial, as\u00ed como el uso leg\u00edtimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de justicia y seguridad, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando de forma sistem\u00e1tica y general los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds.<\/p>\n
Mientras mediante el art\u00edculo 2, se reforma por adici\u00f3n un segundo p\u00e1rrafo al art\u00edculo 2 numeral 3, literal b de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y se considera terrorismo adem\u00e1s que quien o quienes desarrollen de forma sistem\u00e1tica acciones cuyo prop\u00f3sito sea, mediante la comisi\u00f3n de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz p\u00fablica, aterrorizar o intimidar a la poblaci\u00f3n o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.<\/p>\n
El art\u00edculo tres que tambi\u00e9n fue aprobado antes de suspender la aprobaci\u00f3n de esa ley, se adiciona un \u00faltimo p\u00e1rrafo al art\u00edculo 173; que se refiere a las medidas cautelares aplicables, se establece que el \u00f3rgano jurisdiccional, concurriendo los presupuestos legitimadores, podr\u00e1 adoptar, por auto motivado, una o m\u00e1s de las medidas cautelares.<\/p>\n
Cuando se trate de agentes operadores de justicia del Estado y el requerimiento se base en acciones u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones las mediadas de detecci\u00f3n preventiva y prisi\u00f3n preventiva se deber\u00e1n cumplir en una instituci\u00f3n distinta a los establecimientos penitenciarios ordinarios.<\/p>\n
En el art\u00edculo 237-B, referente a la participaci\u00f3n en el proceso de las personas en condici\u00f3n de vulnerabilidad, se incluye el material grabado, como el v\u00eddeo de la diligencia o declaraci\u00f3n rendida bajo estos procedimientos, que debe ser considerada como una declaraci\u00f3n presencial en el juicio oral, en consecuencia, deben ser siempre admitidas por el \u00f3rgano jurisdiccional competente en cualquier etapa del proceso, no siendo necesaria una nueva comparecencia o declaraci\u00f3n de la v\u00edctima o testigo, por lo que el \u00f3rgano jurisdiccional no podr\u00e1 rechazar las mismas ni solicitar que se efect\u00faen nuevamente de manera presencial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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