Washington, D.C. \u2013 La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present\u00f3 su informe Criminalizaci\u00f3n de la labor de los defensores de derechos humanos, en Honduras, Colombia y Paraguay durante el presente mes de julio.<\/p>\n
El objeto de las visitas fue hacer conocer el informe en un p\u00fablico m\u00e1s amplio y promover la implementaci\u00f3n de sus recomendaciones.<\/p>\n
En a\u00f1os recientes, a trav\u00e9s de sus labores continuas de monitoreo, la CIDH ha observado una creciente sofisticaci\u00f3n de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoci\u00f3n de los derechos humanos por parte de actores estatales y no-estatales en diversos pa\u00edses de la regi\u00f3n. <\/p>\n
Una de estas acciones es la formulaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n indebida de la legislaci\u00f3n, particularmente en materia penal, en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos con el fin de obstaculizar sus actividades. <\/p>\n
Debido a que el derecho penal es el medio m\u00e1s restrictivo y severo a disposici\u00f3n del Estado para establecer responsabilidades respecto de una conducta il\u00edcita, este informe se concentra en las distintas formas de manipulaci\u00f3n del poder punitivo del Estado, la cual es muchas veces precedida por pronunciamientos y discursos estigmatizantes en contra de defensores. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el informe identifica las obligaciones estatales bajo los est\u00e1ndares de derechos humanos internacionales e interamericanos para evitar que \u00e9stos se conviertan en herramientas obstaculizadoras de la defensa de los derechos humanos. <\/p>\n
La criminalizaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos puede tomar lugar mediante la presentaci\u00f3n de denuncias infundadas, que frecuentemente son basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o en tipos penales que no cumplen con los est\u00e1ndares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puede darse a trav\u00e9s de la sujeci\u00f3n a procesos penales prolongados y mediante la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares con fines no procesales. La manipulaci\u00f3n del derecho penal en perjuicio de defensores se ha convertido en un obst\u00e1culo que amerita la atenci\u00f3n prioritaria por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar y paralizar la labor de personas defensoras, dado que su tiempo, recursos (financieros y dem\u00e1s) y energ\u00edas deben dedicarse a su propia defensa y por lo tanto, est\u00e1n desviadas de otras actividades.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n ha observado que el uso indebido del derecho penal ocurre por lo general en contextos donde existen tensiones o conflictos de inter\u00e9s con actores estatales y no estatales. Un ejemplo claro de esta situaci\u00f3n es la criminalizaci\u00f3n de las actividades de defensa de los derechos de las comunidades que ocupan tierras de inter\u00e9s para el desarrollo de mega-proyectos y explotaci\u00f3n de recursos naturales. <\/p>\n
De modo parecido, algunos grupos de defensores se encuentran en particular riesgo de ser criminalizados, tales como aquellos que trabajan en la defensa del derecho a la tierra y el ambiente por parte de l\u00edderes campesinos, ind\u00edgenas y afro-descendientes; la defensa de derechos laborales por parte de l\u00edderes sindicales; la defensa de los derechos sexuales y reproductivos; as\u00ed como la defensa de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n ha monitoreado el fen\u00f3meno de la criminalizaci\u00f3n y, en forma consistente, ha recordado a los Estados que tienen el deber de investigar a quienes transgreden la ley dentro de su territorio. Esto significa que toda vez que se presente una denuncia o cuando se comenta un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de llevar a cabo una investigaci\u00f3n completa, imparcial, pronta, exhaustiva, independiente, y dentro de un plazo razonable de los hechos. <\/p>\n
No obstante, como la Comisi\u00f3n ha previamente indicado, los Estados tambi\u00e9n tienen la obligaci\u00f3n de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante sus investigaciones se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera leg\u00edtima reclaman el respeto y protecci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n
En este informe, la CIDH reitera su llamada a los Estados a asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus \u00f3rganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades leg\u00edtimas como es el caso de defensores de derechos humanos.<\/p>\n
En este informe, la Comisi\u00f3n documenta varios efectos que se han observado en personas defensoras de derechos humanos quienes han sido criminalizadas, tales como efectos f\u00edsicos e impactos en la integridad personal; impactos negativos en la vida familiar; y efectos sociales, como la generaci\u00f3n de desconfianza y ostracismo social. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n observa c\u00f3mo la criminalizaci\u00f3n de defensores genera impactos negativos no solamente en el individuo y su familia, pero tambi\u00e9n en el colectivo, afectando comunidades enteras o miembros de una organizaci\u00f3n en particular, ya que se puede contribuir al debilitamiento y desarticulaci\u00f3n de las organizaciones de la sociedad civil. <\/p>\n
En adici\u00f3n, el sometimiento a procedimientos penales o la mera amenaza de ser sujeto a un proceso penal tiene un efecto amedrentador e intimidante entre los defensores, quienes por miedo a represalias pueden dejar de realizar su labor de defensa de los derechos humanos.<\/p>\n
El informe concluye con una lista de recomendaciones, orientadas hacia la necesidad de que los Estados tomen medidas preventivas contra la criminalizaci\u00f3n, incluyendo el reconocimiento p\u00fablico de la importancia del papel que los defensores ejercen para la garant\u00eda de la democracia y el Estado de Derecho en la sociedad; generen espacios en cada nivel gubernamental para el di\u00e1logo abierto con las organizaciones de la sociedad civil para recibir su retroalimentaci\u00f3n con respecto a pol\u00edticas existentes y propuestas y vac\u00edos legislativos.<\/p>\n
Asimismo que aseguren que los tipos penales est\u00e9n formulados de manera conforme con el principio de legalidad y otros est\u00e1ndares de derecho internacional y que se resuelvan los procedimientos penales dentro de un plazo razonable; fortalecen los mecanismos de justicia y las garant\u00edas para la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, toda vez que son aquellos que aseguran el acceso a la justicia y a la protecci\u00f3n judicial; y aseguren que operadores de justicia act\u00faen en conformidad con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia interno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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