El Congreso de Estados Unidos, EEUU recibi\u00f3 la denominada \u201cLey Berta Caceres\u201d sobre los derechos humanos que suspende la ayuda militar y policial a Honduras.<\/p>\n
En las consideraciones de la ley establece que hay un \"contexto de corrupci\u00f3n y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-ind\u00edgenas, ind\u00edgenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que cr\u00edtica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad\".<\/p>\n
Agrega que la Policia hondure\u00f1a es profundamente corrupta y viola con impunidad los derechos humanos. Literalmente el proyecto de ley dice literalmente:
\nCongreso No. 114, Segunda Sesi\u00f3n<\/p>\n
La Ley \u201cBerta C\u00e1ceres\u201d sobre los Derechos Humanos en Honduras<\/p>\n
Para suspender la cooperaci\u00f3n militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.<\/p>\n
EN LA C\u00c1MARA DE REPRESENTANTES<\/p>\n
14 de junio, 2016<\/p>\n
El Sr. Hank Johnson (en representaci\u00f3n de s\u00ed mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Se\u00f1ora Schakowsky) present\u00f3 el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comit\u00e9 de Relaciones Exteriores y adem\u00e1s al Comit\u00e9 de Servicios Financieros, por un periodo cuya duraci\u00f3n luego ser\u00e1 determinado por Presidente de la C\u00e1mara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicci\u00f3n del comit\u00e9 pertinente.<\/p>\n
PROYECTO DE LEY<\/p>\n
Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la polic\u00eda y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.<\/p>\n
SECCI\u00d3N 1. T\u00cdTULO BREVE.<\/p>\n
Este proyecto de ley podr\u00e1 ser citado como el \u201cProyecto de Ley Berta C\u00e1ceres sobre los Derechos Humanos en Honduras\u201d.<\/p>\n
Sec. 2. DETERMINACIONES.<\/p>\n
El Congreso determina que:<\/p>\n
(1) Se ha establecido de manera amplia que la polic\u00eda hondure\u00f1a es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violaci\u00f3n, detenci\u00f3n ilegal, y asesinato.<\/p>\n
(2) El New York Times revel\u00f3 documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la polic\u00eda hondure\u00f1a ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narc\u00f3ticos Juli\u00e1n Ar\u00edstides Gonz\u00e1lez y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la polic\u00eda y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugiri\u00f3 en un art\u00edculo posterior que el Presidente de Honduras hab\u00eda manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;<\/p>\n
(3) Integrantes de la polic\u00eda con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la polic\u00eda,<\/p>\n
(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y polic\u00eda de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la polic\u00eda. Seg\u00fan un informe de Human Rights Watch: \u201cEl uso de la fuerza letal por miembros de la Polic\u00eda Nacional constituye un problema cr\u00f3nico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupci\u00f3n. Se difunde muy poca informaci\u00f3n al respecto al p\u00fablico y en general prevalece la impunidad\u201d.<\/p>\n
(5) Seg\u00fan el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: \u201cLa impunidad [...] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los polic\u00edas acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resoluci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la polic\u00eda hondure\u00f1a han fracasado;<\/p>\n
(7) Derechos en Acci\u00f3n ha documentado que el XV Batall\u00f3n de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente particip\u00f3 con la polic\u00eda y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de m\u00e1s de 100 activistas campesinos en el Valle del Agu\u00e1n desde el a\u00f1o 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Agu\u00e1n permanecen en una impunidad total. <\/p>\n
(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tom\u00e1s Garc\u00eda, un activista ind\u00edgena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pac\u00edficamente contra un proyecto hidroel\u00e9ctrico; en mayo de 2014 se inform\u00f3 que nueve miembros de la novena infanter\u00eda torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton No\u00e9 Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblem\u00e1tico reciente, del 27 de diciembre, se inform\u00f3 que la armada hondure\u00f1a mat\u00f3 a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando Garc\u00eda, dos hombres gar\u00edfunas afro-ind\u00edgenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;<\/p>\n
(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la polic\u00eda nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creaci\u00f3n de una polic\u00eda militar de 3.000 miembros, en clara violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un ni\u00f1o de 15 a\u00f1os, Ebed Yanes, en el a\u00f1o 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Car\u00edas Moncada, en el 2014, despu\u00e9s de que hab\u00edan pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creaci\u00f3n de la polic\u00eda militar \u201cdenuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa\u201d, informa Human Rights Watch.<\/p>\n
(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras est\u00e1 plagado de corrupci\u00f3n. Jueces, fiscales y otros funcionarios est\u00e1n relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;<\/p>\n
(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que \u201cla corrupci\u00f3n, la intimidaci\u00f3n y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada\u201d;<\/p>\n
(12) Resumiendo la situaci\u00f3n, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que \u201cel crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras [...] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad p\u00fablica han logrado pocos avances. Da\u00f1ados por la corrupci\u00f3n y el abuso, el poder judicial y la polic\u00eda siguen siendo en gran medida ineficaz\u201d; <\/p>\n
(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista ind\u00edgena y ecologista lenca, Berta C\u00e1ceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a ra\u00edz de su trabajo en defensa de los derechos ind\u00edgenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroel\u00e9ctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. C\u00e1ceres, la lideresa del COPINH, el Consejo C\u00edvico de Organizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras, hab\u00eda informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna hab\u00eda sido investigada, y el gobierno hab\u00eda fallado en proporcionar una protecci\u00f3n adecuada exigida por parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protecci\u00f3n de seguridad hondure\u00f1a hab\u00eda sido retirada el d\u00eda de su muerte.<\/p>\n
(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de C\u00e1ceres, de los cuales uno es un oficial del ej\u00e9rcito y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondure\u00f1os en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, as\u00ed como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;<\/p>\n
(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta C\u00e1ceres, el COPINH, l\u00edderes de la Uni\u00f3n Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigaci\u00f3n independiente del caso;<\/p>\n
(16) En este contexto de corrupci\u00f3n y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-ind\u00edgenas, ind\u00edgenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que cr\u00edtica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;<\/p>\n
(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposici\u00f3n F\u00e9lix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina hab\u00eda publicado informaci\u00f3n potencialmente vinculando el caso de C\u00e1ceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la \u00e9lite, y a uno de los fiscales en el caso;<\/p>\n
(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la polic\u00eda y las fuerzas militares de Honduras, adem\u00e1s del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el a\u00f1o fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;<\/p>\n
(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prest\u00f3 $59.8 millones a la polic\u00eda hondure\u00f1a, con el aval de los EE.UU.;<\/p>\n
Secci\u00f3n 3. SUSPENSI\u00d3N Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REP\u00daBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.<\/p>\n
(a) LA SUSPENSI\u00d3N DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD -- No se pueden destinar fondos a la Rep\u00fablica de Honduras para la polic\u00eda y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.<\/p>\n
(b) LOS PR\u00c9STAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES -- Se instruir\u00e1 al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier pr\u00e9stamo para la polic\u00eda y las fuerzas armadas de la Rep\u00fablica de Honduras.<\/p>\n
Secci\u00f3n 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.<\/p>\n
Las disposiciones de esta Ley vencer\u00e1n en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comit\u00e9s pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras --<\/p>\n
(1) ha perseguido todas las v\u00edas jur\u00eddicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron --<\/p>\n
(a) el asesinato de Berta C\u00e1ceres el 2 de marzo de 2016;<\/p>\n
(b) el asesinato de m\u00e1s de 100 activistas campesinos en el Valle del Agu\u00e1n<\/p>\n
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando Garc\u00eda el 27 de diciembre de 2015; y<\/p>\n
(d) el atentado contra F\u00e9lix Molina el 3 de mayo de 2016;<\/p>\n
(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la polic\u00eda sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y adem\u00e1s asegure que las fuerzas armadas y la polic\u00eda est\u00e1n cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;<\/p>\n
(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la polic\u00eda nacional, de conformidad con la Constituci\u00f3n de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la polic\u00eda nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil; <\/p>\n
(4) ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas ind\u00edgenas, afro-ind\u00edgenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que act\u00faen sin interferencias; y<\/p>\n
(5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la polic\u00eda y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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