La CIDH pidi\u00f3 al gobierno asegurar la seguridad de los periodistas y trabajadores medios de comunicaci\u00f3n y erradicar la impunidad en la que permanecen estos cr\u00edmenes en Honduras.<\/p>\n
Washington, D.C.\u2013 Con ocasi\u00f3n de la publicaci\u00f3n del informe Situaci\u00f3n de Derechos Humanos en Honduras de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n destaca recomendaciones vinculadas a las garant\u00edas para el ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, con el objetivo de asistir al Estado de Honduras en el fortalecimiento de sus esfuerzos por respetar y asegurar ese derecho en su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
En el informe publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH y su Relator\u00eda Especial ponen de presente la grave situaci\u00f3n de violencia en la que laboran los periodistas y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable de la poblaci\u00f3n. Seg\u00fan cifras oficiales, entre 2003 y 2014 en el pa\u00eds fueron asesinados 50 comunicadores y trabajadores de medios. La mayor\u00eda de estos cr\u00edmenes permanecen en la impunidad, lo que ha impedido determinar si tienen una conexi\u00f3n con la labor informativa de las v\u00edctimas y ha obstaculizado la identificaci\u00f3n y condena de autores materiales e intelectuales.<\/p>\n
La CIDH y su Relator\u00eda Especial tambi\u00e9n destacaron los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas An\u00edbal Barrow, Alfredo Villatoro y H\u00e9ctor Francisco Medina Polanco, y del trabajador de medios Carlos Hilario Mej\u00eda Orellana.<\/p>\n
La CIDH alienta al Estado a avanzar con la identificaci\u00f3n y condenado de los autores intelectuales de estos cr\u00edmenes. Al respecto, el informe insisten en la necesidad de crear protocolos especiales de investigaci\u00f3n que exijan la definici\u00f3n y el agotamiento de hip\u00f3tesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida. La omisi\u00f3n de l\u00edneas l\u00f3gicas de investigaci\u00f3n o la falta de diligencia en la recolecci\u00f3n de pruebas en este sentido pueden tener graves repercusiones en el desarrollo de los procesos en etapas de acusaci\u00f3n o de juicio, sobre todo, en la identificaci\u00f3n de los autores intelectuales.<\/p>\n
Asimismo, la CIDH y la Relator\u00eda Especial constataron con satisfacci\u00f3n la aprobaci\u00f3n de la Ley de protecci\u00f3n para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en abril de 2015, la cual dota al Estado de un marco jur\u00eddico claro para la adopci\u00f3n de medidas efectivas y adecuadas en esta materia, lo que supone una mejora notable respecto de la situaci\u00f3n preexistente. El informe recomienda al Estado fortalecer sus esfuerzos para la implementaci\u00f3n efectiva de la ley.<\/p>\n
Por otra parte, el informe advierte sobre el aumento en el uso de acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, particularmente de acciones penales de difamaci\u00f3n e injurias en Honduras. Seg\u00fan la informaci\u00f3n recibida, estas figuras penales son utilizadas para censurar las expresiones cr\u00edticas referidas a funcionarios p\u00fablicos y sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, lo que ha afectado de manera desproporcionada la labor de periodistas y defensores de derechos humanos. Al respecto, la CIDH y su Relator\u00eda Especial instaron a reformar el C\u00f3digo Penal para la despenalizaci\u00f3n de los delitos de injuria, calumnia y difamaci\u00f3n.<\/p>\n
La alta concentraci\u00f3n en la propiedad y control de los medios de comunicaci\u00f3n en Honduras fue tambi\u00e9n objeto de estudio del informe. La CIDH y su Relator\u00eda Especial advirtieron una tendencia preocupante en lo que refiere a la adquisici\u00f3n de grandes medios por capital transnacional y el control de medios peque\u00f1os por parte de dirigentes pol\u00edticos que reproducen contenidos ideol\u00f3gicos y concentran el mensaje.<\/p>\n
En el informe se recomienda al Estado asegurar, mediante legislaci\u00f3n, la existencia de criterios transparentes, p\u00fablicos y equitativos para la asignaci\u00f3n de frecuencias radioel\u00e9ctricas y del nuevo dividendo digital. Estos criterios deben tomar en cuenta la concentraci\u00f3n de la propiedad o el control de los medios de comunicaci\u00f3n, y asignar la administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico a un \u00f3rgano independiente de injerencias del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico, sometido al debido proceso y al control judicial.<\/p>\n
Asimismo, el informe pone de presente las deficiencias en los procesos y condiciones para la adjudicaci\u00f3n de frecuencias a medios comunitarios y la necesidad de que la normativa vigente sea reformada de conformidad con los est\u00e1ndares interamericanos y adoptada mediante ley, en sentido formal y material.<\/p>\n
En el curso de la visita in loco a Honduras, la CIDH y su Relator\u00eda Especial observaron con satisfacci\u00f3n las medidas adoptadas por el Estado para la implementaci\u00f3n efectiva y eficiente de la Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, y alent\u00f3 a las autoridades a dotar al Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (IAIP) de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios suficientes para cumplir su mandato, as\u00ed como de las garant\u00edas de independencia de sus Comisionados.<\/p>\n
Sin perjuicio de los importantes avances observados, el informe advierte sobre la incompatibilidad de la Ley para la Clasificaci\u00f3n de Documentos P\u00fablicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional publicada en Gaceta Oficial en 2014, la cual impone restricciones desproporcionadas al derecho a la informaci\u00f3n sobre intereses de seguridad nacional. En el informe se recomend\u00f3 al Estado revisar esta normativa, de conformidad con los principios de la propia Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y los est\u00e1ndares internacionales en la materia.<\/p>\n
El informe da cuenta de avances realizados por el Estado para asegurar el disfrute efectivo y universal del derecho a la libertad de expresi\u00f3n en Internet. En este sentido, la CIDH alienta al Estado de Honduras a continuar adoptando de manera progresiva medidas positivas de inclusi\u00f3n universal de la poblaci\u00f3n a Internet y tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
El informe enfatiza, sin embargo, la importancia de proteger el derecho a la intimidad y libertad de expresi\u00f3n de las personas en el espacio digital. Por ello, hace un llamado al Estado a revisar la Ley Especial para la Intervenci\u00f3n de las Comunicaciones Privadas, particularmente la cl\u00e1usula que impone a los proveedores de servicios de comunicaci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de \u201cguardar los datos de todas las conexiones de cada usuario por el plazo de 5 a\u00f1os\u201d. Al respecto, los Relatores Especiales de la ONU, OSCE, OEA, y de la Comisi\u00f3n Africana han afirmado que la \u201cobligaci\u00f3n de retener o las pr\u00e1cticas de retenci\u00f3n de datos personales de forma indiscriminada con el fin de mantener el orden p\u00fablico o por motivos seguridad no son leg\u00edtimos\u201d.<\/p>\n
A partir de estas conclusiones y recomendaciones, la Relator\u00eda Especial alienta al Estado a continuar fortaleciendo sus esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio del derecho la libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds, y en particular, asegurar la seguridad de los periodistas y trabajadores medios de comunicaci\u00f3n y erradicar la impunidad en la que permanecen estos cr\u00edmenes en Honduras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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