No basta con tener leyes: es necesario que se apliquen y que el peso caiga sobre aquellos que las infringen. Porque si no es as\u00ed los comportamientos antisociales se multiplican y se generalizan. Y surge la impunidad.
\nDe esta manera explica el Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Am\u00e9ricas Puebla un fen\u00f3meno poco estudiado hasta ahora y que sin embargo est\u00e1 causando estragos en algunas sociedades.
\nPor eso ha elaborado el \u00cdndice Global de Impunidad, para lo que ha incluido 59 pa\u00edses \u2013analizaron solo aquellos de los que ten\u00edan 14 indicadores completos- pertenecientes a las Naciones Unidas. Para ello, estudiaron por un lado la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protecci\u00f3n de los derechos humanos, y por otro, la capacidad estructural que corresponde al dise\u00f1o institucional de cada una de las naciones estudiadas. Tras compilar las cifras disponibles, otorgaron una puntuaci\u00f3n (de 0 a 100), donde el cero ser\u00eda la situaci\u00f3n perfecta.
\n\u201cEl objetivo era crear un concepto que ayudara a entender el fen\u00f3meno y tratar de medirlo. La pol\u00edtica p\u00fablica requiere de fundamentos cient\u00edficos, datos bien estructurados para tomar mejores decisiones\u201d, explica Juan Antonio Le Clercq, coordinador de este del \u00cdndice Global de Impunidad 2015.
\nEl resultado ha develado \u2013aunque sin sorpresas en muchos casos- que numerosos pa\u00edses en Am\u00e9rica Latina a\u00fan tienen un gran trabajo que hacer.
\nLa lista de los pa\u00edses que se ven desgarrados por este fen\u00f3meno est\u00e1 encabezada por Filipinas (con una puntuaci\u00f3n de 80), mientras que M\u00e9xico (75.7) aparece en el segundo puesto. Pero el 50% de las 10 primeras plazas est\u00e1n ocupadas por pa\u00edses latinoamericanos: Colombia (75.6) est\u00e1 en la tercera posici\u00f3n, Nicaragua (65.9) en la sexta, y Honduras y El Salvador est\u00e1n en el s\u00e9ptimo y octavo lugar (ambos con un 64.1).
\nEl reporte del CESIJ identifica un \u201ccomportamiento similar\u201d en estos dos pa\u00edses y sostiene que es debido a la \u201cestructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia\u201d. Los autores creen que, desde los a\u00f1os setenta, se ha producido una corporativizaci\u00f3n del crimen organizado, que est\u00e1 estrechamente vinculado al narcotr\u00e1fico que se da en suelo mexicano y colombiano.
\nDe esta manera, estos dos estados se ven limitados a la hora de ofrecer tanto seguridad como justicia, lo que explica la generaci\u00f3n de un \u201cclima constante de corrupci\u00f3n de las autoridades\u201d, un c\u00e1ncer que corroe las instituciones p\u00fablicas en numerosas ocasiones.
\nEl reporte dedica un apartado especial a M\u00e9xico, donde pone de relieve que \u201cel fen\u00f3meno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita\u201d.
\nEl profesor Leclercq lo resume de manera en dos frases: \u201cLa impunidad est\u00e1 profundamente extendida. Para M\u00e9xico es un tema muy dram\u00e1tico\u201d.
\nEl documento revela que existen dos problemas que hace que este fen\u00f3meno acampe en el pa\u00eds: la funcionalidad de su sistema de seguridad y en la estructura de su sistema de justicia. (Fuente univisi\u00f3n.com)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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