Washington, D.C. - La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupaci\u00f3n por las muertes violentas de al menos doce personas privadas de libertad acaecidas en incidentes de violencia durante el mes de marzo en las Penitenciar\u00edas Nacionales de San Pedro Sula, Comayagua y T\u00e1mara (Tegucigalpa). La CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteraci\u00f3n de hechos similares. <\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n de p\u00fablico conocimiento, el 11 de marzo en la Penitenciar\u00eda Nacional de San Pedro Sula hubo un fuerte intercambio de disparos que dej\u00f3 como resultado tres reos muertos y m\u00e1s de treinta heridos, incluyendo ocho polic\u00edas militares. De acuerdo con el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) estos hechos se produjeron en el contexto de una operaci\u00f3n en la que se buscaba trasladar a determinados presos de alta peligrosidad a otras prisiones.
\nLuego de controlado el mot\u00edn, por la intervenci\u00f3n de aproximadamente 400 polic\u00edas y militares, se realiz\u00f3 una requisa en la que se decomis\u00f3 armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, tel\u00e9fonos celulares, y otros objetos il\u00edcitos. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado trasladaron a treinta y dos reclusos considerados l\u00edderes (\u201ccoordinadores\u201d) a otros penales. Todos estos hechos, ocurridos a ra\u00edz del referido operativo de traslado de internos, tuvieron lugar durante uno de los d\u00edas de visita de familiares en el centro penal. <\/p>\n
El 28 de marzo se produjo una ri\u00f1a en la Penitenciar\u00eda Nacional de Comayagua en la que se utilizaron armas de fuego, y perdieron la vida dos reclusos y al menos tres resultaron gravemente heridos. Luego de estos hechos, unos cuarenta y dos reclusos de esa penitenciar\u00eda habr\u00edan sido trasladados a otros centros penales. De igual forma, unos d\u00edas antes de los sucesos referidos, el 24 de marzo, otro recluso habr\u00eda sido asesinado en ese centro penitenciario producto de heridas de arma blanca.<\/p>\n
Asimismo, seg\u00fan informaci\u00f3n ampliamente difundida, el 29 de marzo fueron asesinados siete reclusos vinculados a la pandilla denominada \u201cmara 18\u201d: cuatro en la Penitenciar\u00eda Nacional de T\u00e1mara (\u201cMarco Aurelio Soto\u201d), en Tegucigalpa y tres en la Penitenciar\u00eda Nacional de San Pedro Sula. De acuerdo con informaci\u00f3n de prensa, estos siete reclusos fueron ejecutados por otros miembros de su propia pandilla. <\/p>\n
Estos graves hechos de violencia han estado directa o indirectamente relacionados con el traslado sistem\u00e1tico de presos considerados de alta peligrosidad a unidades penitenciarias de m\u00e1xima seguridad y celdas instaladas recientemente en bases militares (batallones de infanter\u00eda); y en todos los casos, tanto los operativos de traslados como el control posterior de estos brotes de violencia, han estado a cargo de FUSINA.<\/p>\n
En este contexto, la CIDH reitera que los Estados tienen la facultad y la obligaci\u00f3n de garantizar la seguridad y mantener el orden p\u00fablico dentro de las c\u00e1rceles, utilizando m\u00e9todos que se ajusten a los par\u00e1metros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados no solo deben asegurar que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en las c\u00e1rceles, sino que debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas privadas contra posibles agresiones de terceras personas, incluso de otros reclusos. <\/p>\n
En su informe sobre la situaci\u00f3n sobre los derechos de las personas privadas de libertad en Honduras, la CIDH determin\u00f3 que la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisi\u00f3n y control interno de las c\u00e1rceles es uno de los principales problemas estructurales que debe ser abordado por el Estado.<\/p>\n
La CIDH urge a las autoridades hondure\u00f1as a implementar acciones que tengan un impacto real en la situaci\u00f3n de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detenci\u00f3n de los centros de reclusi\u00f3n a los est\u00e1ndares internaciones y adoptar acciones inmediatas, adem\u00e1s de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras.
\nEl Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas, sustancias il\u00edcitas y la circulaci\u00f3n de dinero dentro de las c\u00e1rceles. Adem\u00e1s, debe buscar mecanismos para desarticular las organizaciones criminales que operan en los centros penales. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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