{"id":2859,"date":"2014-12-05T15:06:50","date_gmt":"2014-12-05T21:06:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=2859"},"modified":"2014-12-05T15:06:50","modified_gmt":"2014-12-05T21:06:50","slug":"cidh-constata-alarmantes-niveles-de-violencia-en-honduras","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=2859","title":{"rendered":"CIDH constata alarmantes niveles de violencia en Honduras"},"content":{"rendered":"
\"La<\/a>
La CIDH mostr\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la alarmante violencia en el pa\u00eds.<\/figcaption><\/figure>CIDH expresa su preocupaci\u00f3n ante los riesgos de que ni\u00f1os, y j\u00f3venes de 5 y 23 a\u00f1os de edad sean entrenados en instalaciones militares y utilicen plazas, parques y canchas militarizadas.<\/strong><\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culmin\u00f3 hoy una visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de monitorear la situaci\u00f3n general de derechos humanos en el pa\u00eds, concluyendo que los casos de violencia son alarmantes.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n sostuvo reuniones con autoridades estatales de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a presentar informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de derechos humanos en el pa\u00eds en visitas a La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula y el Bajo Agu\u00e1n, y recorri\u00f3 centros de atenci\u00f3n a migrantes, comunidades gar\u00edfunas, comunidades campesinas y centros penitenciarios del pa\u00eds.<\/p>\n

En su visita, la Comisi\u00f3n constat\u00f3 alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los m\u00e1s altos del mundo, adem\u00e1s de una de las tasas de homicidios per c\u00e1pita m\u00e1s altas a nivel global, en Honduras hay desapariciones, altos niveles de violencia de g\u00e9nero y conflictos agrarios que tambi\u00e9n producen hechos de violencia, entre otros graves cr\u00edmenes.
\nEstos tienen lugar en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupci\u00f3n y la falta de independencia del Poder Judicial, entre otros factores.
\nLa impunidad caracteriza tanto a hechos de violencia como a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupaci\u00f3n ilegal de tierras de comunidades ind\u00edgenas, rurales y afrodescendientes, la violaci\u00f3n de los derechos laborales, y actos de discriminaci\u00f3n, entre otros. La falta de investigaci\u00f3n y la impunidad en la que permanece la enorme mayor\u00eda de las violaciones a los derechos humanos, alimentan una espiral creciente de violencia. Adem\u00e1s de dejar a las v\u00edctimas sin acceso a la justicia, la impunidad afecta negativamente a toda la sociedad hondure\u00f1a, que recibe el mensaje de que esta violencia es inevitable. <\/p>\n

Quienes buscan justicia, quienes denuncian e informan, y quienes defienden sus derechos o los de otros, frecuentemente son amenazados e incluso asesinados, y en ocasiones tambi\u00e9n sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.
\nLa Comisi\u00f3n escuch\u00f3 testimonios alarmantes sobre los asesinatos y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, por lo que la CIDH urge al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de esta violencia y de la impunidad, as\u00ed como para proteger a la poblaci\u00f3n ante esta situaci\u00f3n.
\nEn este sentido, la Comisi\u00f3n considera que las autoridades deben asegurar que el proyecto de ley que actualmente est\u00e1 en el Congreso para la protecci\u00f3n de periodistas, defensores y operadores de justicia cumpla con todos los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, y sea aprobado de manera urgente.<\/p>\n

Por otra parte, la Comisi\u00f3n nota que uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, impunidad, corrupci\u00f3n y crimen organizado en el pa\u00eds, es la intervenci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en m\u00faltiples \u00e1mbitos y funciones. El Ej\u00e9rcito participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a trav\u00e9s de cuerpos especializados como una \u201cpolic\u00eda militar\u201d, a pesar de que los est\u00e1ndares internacionales indican que la seguridad ciudadana debe ser de competencia exclusiva de una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, el Ej\u00e9rcito hondure\u00f1o tendr\u00eda influencia en la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los delitos relacionados con el crimen organizado, a trav\u00e9s del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esto ha generado la creaci\u00f3n, en los hechos, de un procedimiento con caracter\u00edsticas similares a un fuero especial para miembros de la polic\u00eda militar. <\/p>\n

Las Fuerzas Armadas se involucran tambi\u00e9n en temas de formaci\u00f3n c\u00edvica y educativa para ni\u00f1os y ni\u00f1as \u201cen riesgo social\u201d a trav\u00e9s del programa \u201cGuardianes de la Patria\u201d. La Comisi\u00f3n expresa su preocupaci\u00f3n ante los riesgos involucrados en el hecho de que ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes de entre 5 y 23 a\u00f1os de edad sean entrenados en instalaciones militares, y utilicen plazas, parques y canchas de f\u00fatbol militarizadas. El Ej\u00e9rcito tambi\u00e9n tiene funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Agu\u00e1n.
\nEn este contexto, la CIDH expresa preocupaci\u00f3n por la aprobaci\u00f3n y vigencia de una Ley de Secreto muy amplia en materia de seguridad nacional. La CIDH considera que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho. <\/p>\n

La Comisi\u00f3n entiende que el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para combatir el crimen organizado y salvaguardar a la sociedad hondure\u00f1a ante el clima reinante de violencia e impunidad. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos necesariamente debe prevalecer en toda pol\u00edtica p\u00fablica que el Estado adopte para cumplir con un objetivo determinado, sea educaci\u00f3n, seguridad ciudadana, control penitenciario, soluci\u00f3n de conflictos sobre el territorio, y fortalecimiento de las entidades que participan en la administraci\u00f3n de justicia.
\nLa CIDH expresa preocupaci\u00f3n por el enfoque excesivamente punitivo del sistema de justicia penal, e identifica como prioridad que el mismo sea modificado. En ese orden de ideas, la Comisi\u00f3n se\u00f1ala que con el fin de asegurar un sistema de justicia eficiente y eficaz, es necesario fortalecer las salvaguardas de independencia de los jueces. Asimismo, la Comisi\u00f3n considera indispensable fortalecer el sistema de justicia juvenil, de acuerdo a los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos. La Comisi\u00f3n estima que la estrategia elegida por el Estado de Honduras para hacer frente a las preocupaciones expresadas genera graves preocupaciones cuando es valorada desde una perspectiva de derechos humanos.<\/p>\n

Por otra parte, la Comisi\u00f3n Interamericana constat\u00f3 en su visita que persisten en Honduras altos \u00edndices de pobreza y de desigualdad social, con graves consecuencias de exclusi\u00f3n social y econ\u00f3mica y de discriminaci\u00f3n estructural. La pobreza y la falta de acceso a alimentaci\u00f3n b\u00e1sica afecta a grandes sectores de la poblaci\u00f3n, con una especial incidencia en ni\u00f1os y ni\u00f1as, pueblos ind\u00edgenas, comunidades afrodescendientes y rurales, donde se registran preocupantes \u00edndices de malnutrici\u00f3n. Estos grupos y otros, tales como las mujeres y las personas trans, enfrentan graves obst\u00e1culos en el acceso a servicios b\u00e1sicos como salud y educaci\u00f3n, y son afectados en forma desproporcionada por la falta de empleo o por empleos de salarios bajos y grandes riesgos de consecuencias nocivas para la salud. Los buzos miskitos, por ejemplo, son v\u00edctimas de condiciones laborales, de tal precariedad, que terminan con discapacidades f\u00edsicas significativas, sin ning\u00fan tipo de cobertura de seguridad social, incapacitados para poder trabajar y proveer un ingreso m\u00ednimo para ellos y sus familias. <\/p>\n

En el Bajo Agu\u00e1n, la CIDH observ\u00f3 que la pobreza y la exclusi\u00f3n en que vive la mayor\u00eda de las personas, se suma una ausencia absoluta de esperanza, debido a la falta de oportunidades y la falta de acceso a la justicia para resolver los conflictos relacionados con la disputa por la tierra. En la costa atl\u00e1ntica, el avance de empresas privadas nacionales, extranjeras y multinacionales en la explotaci\u00f3n de recursos naturales y la construcci\u00f3n de megaproyectos sin consulta previa con las comunidades Gar\u00edfuna que habitan esas tierras y territorios ha generado una situaci\u00f3n de pobreza y despojo en dichas comunidades.
\nEn las maquilas, las mujeres trabajadoras son sometidas a condiciones de explotaci\u00f3n laboral. La falta de expectativas de que sea posible una mejora de la situaci\u00f3n funciona como un factor de expulsi\u00f3n de la poblaci\u00f3n hondure\u00f1a, llevando a muchos a decidir emigrar ante la perspectiva de una vida en la pobreza o la pobreza extrema, combinada con la violencia y la impunidad reinante. <\/p>\n

La CIDH elaborar\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses un Informe de Pa\u00eds sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos. A trav\u00e9s de dicho Informe, la CIDH ofrecer\u00e1 recomendaciones destinadas a apoyar al Estado en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones bajo la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.<\/p>\n

Finalmente, la Comisi\u00f3n recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatizaci\u00f3n que emprenda un Estado motivada por la participaci\u00f3n o el accionar de personas u organizaciones ante los \u00f3rganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El art\u00edculo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben \u201cotorgar las garant\u00edas pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisi\u00f3n informaciones, testimonios o pruebas de cualquier car\u00e1cter\u201d y no pueden \u201cenjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dict\u00e1menes rendidos ante la Comisi\u00f3n\u201d.
\nLa delegaci\u00f3n estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, la primera vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Orozco Henr\u00edquez, Rosa Mar\u00eda Ortiz, Paulo Vannuchi y James Cavallaro. Asimismo, integraron la delegaci\u00f3n el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresion, Edison Lanza, as\u00ed como especialistas de la Secretar\u00eda Ejecutiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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