La gigantesca corrupci\u00f3n institucional en Honduras es impulsada por los respectivos presidentes del poder Ejecutivo y Legislativo, devela el Wilson Center, con sede en Washington en un reciente estudio.<\/p>\n\n\n\n
El informe detalla todos los esfuerzos que los diputados del Congreso Nacional han dedicado para favorecer la corrupci\u00f3n y la impunidad a trav\u00e9s de las leyes impulsadas, sobre todo por la bancada nacionalista.<\/p>\n\n\n\n
En teor\u00eda, el Congreso ofrece una ruta potencial para la rendici\u00f3n de cuentas a trav\u00e9s de comit\u00e9s de supervici\u00f3n, control presupuestario y acci\u00f3n legislativa. El Congreso de Honduras aprob\u00f3 el convenio de creaci\u00f3n de la MACCIH, y en los primeros d\u00edas, el Congreso trabaj\u00f3 con la comisi\u00f3n para aprobar una importante legislaci\u00f3n de reformas anticorrupci\u00f3n, incluida la aprobaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n sobre financiaci\u00f3n de campa\u00f1as, indica el estudio.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, una vez que las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC produjeron acusaciones contra ex miembros de la legislatura, el organismo cambi\u00f3 de rumbo y aprob\u00f3 leyes para proteger a sus miembros, lo socav\u00f3 fundamentalmente el breve experimento del pa\u00eds en la lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tras la presentaci\u00f3n de cargos por parte de la MACCIH-UFECIC contra cinco miembros del Congreso en el caso \u201cRed de Diputados\u201d a finales de 2017, el Congreso introdujo en la ley de presupuesto anual, un agregado que reformaba una peque\u00f1a parte de la ley de presupuesto y asignaba la responsabilidad de tales investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas(TSC).<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la reforma publicada oficialmente fue diferente de lo que los miembros del Congreso hab\u00edan votado realmente, y el lenguaje agregado especific\u00f3 que no podr\u00eda ocurrir ninguna investigaci\u00f3n criminal, mientras el TSC estuviera investigando.<\/p>\n\n\n\n
Esto esencialmente subordin\u00f3 un procedimiento penal a uno administrativo. Termin\u00f3 abruptamente el caso judicial y dio lugar a la liberaci\u00f3n de los acusados.<\/p>\n\n\n\n
Dado que los casos ya estaban progresando en los tribunales y las severas limitaciones del TSC, es dif\u00edcil ver la reforma legal como algo m\u00e1s que un esfuerzo para proteger a los miembros del Congreso de la justicia.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, en enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia fall\u00f3 en contra del cambio, pero los legisladores no se desanimaron. En octubre de ese a\u00f1o, el organismo reform\u00f3 su legislaci\u00f3n de gobierno para lograr el mismo fin pero con un lenguaje m\u00e1s fuerte que proporcionara inmunidad a los miembros del Congreso frente al enjuiciamiento.<\/p>\n\n\n\n
Esta misma reforma tambi\u00e9n restableci\u00f3 fondos discrecionales para que los miembros del Congreso invirtieran en desarrollo social en sus departamentos de origen. Esta fue la fuente de corrupci\u00f3n en el caso de la \u201cRed de Diputados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso tambi\u00e9n aprob\u00f3 una reforma al C\u00f3digo Penal que estableci\u00f3 una clasificaci\u00f3n legal diferente para la corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, redujo las penas por estos delitos y redujo los castigos retroactivos. Las organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupci\u00f3n (CNA) rechazaron estas reformas al \u201cc\u00f3digo penal de impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para concluir, en 2019 un comit\u00e9 del Congreso
encargado de evaluar a la MACCIH recomend\u00f3 que el acuerdo con la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) no se renovara, conclusi\u00f3n respaldada por una mayor\u00eda en el Congreso y en \u00faltima instancia apoyada por la administraci\u00f3n de Juan Orlando Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n