{"id":15237,"date":"2019-05-28T16:07:31","date_gmt":"2019-05-28T22:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=15237"},"modified":"2019-05-28T16:07:33","modified_gmt":"2019-05-28T22:07:33","slug":"nuevo-codigo-penal-es-un-artilugio-para-evitar-extradiccion-de-narcotraficantes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=15237","title":{"rendered":"Nuevo C\u00f3digo Penal es un artilugio para evitar extradicci\u00f3n de narcotraficantes"},"content":{"rendered":"\n

Las organizaciones concluyen que el nuevo c\u00f3digo penal vendr\u00e1 a generar mayor impunidad en los delitos de cuello blanco, que en Honduras son muy recurrentes. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Organizaciones empresariales y de sociedad civil, se pronunciaron este martes en contra del nuevo Codigo Penal, debido a lo permiso que resultan sus penas para delitos de narcotrafico, corrupcion, violacion, secuestro y castiga a quienes hacen uso indebido de las redes sociales.<\/p>\n\n\n\n

En conferencia de prensa el Consejo Nacional Anticorrupci\u00f3n, la C\u00e1mara de Comercio e Industrias de Cort\u00e9s, la Federaci\u00f3n de C\u00e1maras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih, la COIPRODEN, el Comit\u00e9 por la Libre Expresi\u00f3n (C-Libre), el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas de la UNAH y C\u00e1ritas Honduras, manifestaron que el c\u00f3digo penal publicado es diferente al que se socializ\u00f3 entre 2015 y 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal y se puede determinar que el proyecto de C\u00f3digo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado.<\/p>\n\n\n\n

En un comunicado las organizaciones participantes, entre las que se encuentra el Colegio de Periodistas de Honduras, manifiestan que el principio de justicia universal prescrito en el art\u00edculo 9 inciso 3, tal como se ha redactado, constituye un artilugio jur\u00eddico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas eviten ser extraditados, para ser sometidos ante la d\u00e9bil e inoperante justicia hondure\u00f1a, evitando penas aplicadas en Cortes de otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Tambien cuestionan que el art\u00edculo 28 del c\u00f3digo, consiste en un mecanismo de represi\u00f3n y vulneraci\u00f3n al derecho universal de la libertad de expresi\u00f3n dirigido de manera espec\u00edfica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicaci\u00f3n o programa, directores de la empresa editora, difusora o emisora y los directores de la empresa de grabaci\u00f3n o impresi\u00f3n; en vista que se les deducir\u00e1 responsabilidad penal por informar a la ciudadan\u00eda hechos que los corruptos a su juicio considerar\u00e1n lesiones al honor.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 102 del decreto reci\u00e9n publicado, a partir del mes de noviembre, que entra en vigencia, las personas jur\u00eddicas ser\u00e1n penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de las mismas; siendo esta norma una transgresi\u00f3n dirigida a la seguridad jur\u00eddicas de las empresas, ya que se estar\u00eda contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las personas jur\u00eddicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad de cometer un hecho delictivo.<\/p>\n\n\n\n

Aseguran que el nuevo C\u00f3digo generar\u00e1 mayor impunidad, ya que establece en el art\u00edculo 109 periodos de tiempo sumamente cortos para que el ejercicio de la acci\u00f3n penal prescriba, por lo que desde ya podemos decir que quienes hayan malversado con fondos p\u00fablicos o lesionado el bien jur\u00eddico Administraci\u00f3n p\u00fablica en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos, nunca ser\u00e1n sometidos a la justicia.<\/p>\n\n\n\n

Consideran mal intencionado que nuevamente en el Decreto 130-2017 se evit\u00f3 definir el concepto de funcionario o empleado p\u00fablico, en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra la Corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la nueva norma penal, la violencia y agresi\u00f3n en contra de las mujeres, se convierte en un delito leve, tal como se puede evidenciar en el art\u00edculo 209, otorg\u00e1ndose una pena de prisi\u00f3n entre 1 a 4 a\u00f1os a quienes ejerzan acciones contra la integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y corporal de las damas; permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n\n\n\n

Con el objeto de subyugar a los generadores de opini\u00f3n que representen organizaciones de la sociedad civil y a los comunicadores sociales se les deducir\u00e1 responsabilidad penal encaminada a privar de la libertad en contra de quienes, en uso al derecho de la libertad de expresi\u00f3n y libre emisi\u00f3n del pensamiento, emitan opiniones que auditen socialmente a los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Ahora quien use sitios web o redes sociales para emitir opiniones, podr\u00e1n ser consideradas en menoscabo al decoro de los funcionarios p\u00fablicos, por lo que se considerar\u00e1 como una agravante en los delitos contra el honor de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 232; lo anterior, con el objeto de limitar la cr\u00edtica p\u00fablica que est\u00e1n expuestos los servidores p\u00fablicos, desconoci\u00e9ndose los preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al nivel de tolerancia que deber\u00e1n de mantener las personas que ejerzan una funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Mientras el delito de secuestro incorpora una pena sustancialmente baja respecto a lo que consigna el actual c\u00f3digo penal, disminuyendo la pena de 20 a\u00f1os a privaci\u00f3n de libertad de por vida, por la benevolente pena de 8 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Igualmente la pena consignada para el delito de violaci\u00f3n en el nuevo c\u00f3digo se regula con prisi\u00f3n de 9 a 13 a\u00f1os; sin embargo, en la norma penal vigente la pena oscila en algunos momentos de 10 a 15 a\u00f1os y en casos graves de 15 a 20 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad. Por lo que esta acci\u00f3n compasiva permite que los transgresores de la libertad sexual, sean tratados de manera piadosa, a pesar del da\u00f1o f\u00edsico y sicol\u00f3gico propiciado a la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n

El tr\u00e1fico de drogas, despu\u00e9s de consignar una pena entre 15 a 20 a\u00f1os, ahora tiene una regulaci\u00f3n entre 7 a 10 a\u00f1os; consider\u00e1ndose esta pena, como los actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia hondure\u00f1a, todos aquellos que actualmente est\u00e1n siendo investigados por gobiernos extranjeros.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo el delito de contrabando se convierte en una figura permisiva, sin hip\u00f3tesis de las acciones que podr\u00e1 cometer el sujeto activo de este tipo penal; provoc\u00e1ndose de esta forma la legalizaci\u00f3n de importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n de mercanc\u00eda mediante mecanismos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Lo mismo el delito de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos pas\u00f3 de tener una pena privativa de libertad entre 6 y 12 a\u00f1os a una pena de prisi\u00f3n de 4 a 6 a\u00f1os; permitiendo a los que ya han sido condenados en los casos del Instituto Hondure\u00f1o de Seguridad Social (IHSS) o los que se encuentran en proceso penal de lo que antes fue la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas Transporte y Viviendas (SOPTRAVI), ex primera dama de la naci\u00f3n, entre otros, podr\u00e1n gozar de penas piadosas en los eventuales de ser condenados y en los casos que ya cuentan con sentencia condenatoria firme, podr\u00e1n presentar recursos extraordinarios como ser la revisi\u00f3n, para que las altas magistraturas apliquen de manera retroactiva la ley penal m\u00e1s favorable.<\/p>\n\n\n\n

Aun mas el fraude en contra de la administraci\u00f3n p\u00fablica, se\u00f1alado en el art\u00edculo 482 disminuye la pena de 6 a 12 a\u00f1os a una pena de 5 a 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n, permitiendo tal castigo que los funcionarios p\u00fablicos escasamente condenados puedan gozar de arresto domiciliario, uso de brazalete electr\u00f3nico, entre otras penas.<\/p>\n\n\n\n

El delito de enriquecimiento il\u00edcito en el nuevo c\u00f3digo se\u00f1ala una pena de prisi\u00f3n entre 4 y 6 a\u00f1os, dejando por un lado la pena que contemplaba la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que contempla una sanci\u00f3n de 5 a 15 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, en tanto el delito de Abuso de Autoridad deja de tener una pena privativa de libertad y pasa a ser sancionado por la inhabilitaci\u00f3n para ejercer el cargo o empleo p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos generales se ha podido observar que las penas consignadas en el nuevo c\u00f3digo respecto a los delitos en contra de la administraci\u00f3n p\u00fablica disminuyeron de manera que las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas, podr\u00e1n gozar de beneficios alternos a la privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n\n\n\n

\"Es evidente que el inter\u00e9s de los legisladores que aprobaron el decreto 130-2017 fue apiadarse de quienes cometer\u00e1n delitos de criminalidad organizada y ensa\u00f1arse en contra de la delincuencia com\u00fan, que normalmente es cometida por los sectores que presentan necesidades como consecuencia de la mala administraci\u00f3n de los fondos p\u00fablicos\", afirma el comunicado.<\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones de sociedad civil exigen al Congreso Nacional la abrogaci\u00f3n del nuevo c\u00f3digo penal, consecuentemente se elabore una norma que sea congruente con la realidad nacional y que vaya encaminada a promover pol\u00edticas criminales que prevengan la comisi\u00f3n de delitos, as\u00ed como la retribuci\u00f3n mediante la pena.<\/p>\n\n\n\n

Caso contrario las organizaciones afirman que har\u00e1n uso del derecho a plantear, ante los \u00f3rganos jurisdiccionales competentes, las garant\u00edas para restituir los derechos vulnerados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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