Un recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto este mi\u00e9rcoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los art\u00edculos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, aprobada en 2013.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 por la Libre Expresi\u00f3n (C-Libre) exigi\u00f3 declarar inconstitucional los art\u00edculos que indican que las actividades, informaciones y documentos de inteligencia tienen car\u00e1cter de reservados y que quedan exenta de escrutinio de cualquier persona natural u organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La normativa establecida en el decreto 211-2012 aprobado el 18 de enero de 2013 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 16 de abril de 2013 es contraria al ejercicio del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica porque impone reservas al uso de fondos y actividades de inteligencia.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el recurso interpuesto ambos art\u00edculos son inconstitucionales tanto de forma como de contenido, el primero porque el Congreso Nacional al aprobar este decreto no cumpli\u00f3 con dos pasos en el proceso de creaci\u00f3n de la ley, solo lo discuti\u00f3 en un debate, habiendo dispensado dos debates sin que se haya demostrado la urgencia de su aprobaci\u00f3n, violando el principio democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n
El segundo porque no cont\u00f3 con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que esta ley se aprob\u00f3 mediante un fraude constitucional al no seguirse el procedimiento que establece la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Si bien es cierto que los servicios de inteligencia cobran sentido si tienen como objetivo la protecci\u00f3n de los Estados y sus poblaciones contra amenazas a la seguridad nacional, estas deben sujetarse a controles y supervisiones, sin embargo, ambos art\u00edculos disponen que la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n e Inteligencia solamente debe rendir cuentas ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside Juan Orlando Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n
C-Libre en compa\u00f1\u00eda con expertos juristas nacionales e internacionales pidi\u00f3 a la CSJ enviar una comunicaci\u00f3n al Congreso Nacional para que remita los antecedentes del proceso legislativo del decreto 211-2012 y que se declare la inconstitucionalidad de dichos art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
El documento subraya adem\u00e1s que la Ley de Inteligencia viola el derecho el derecho fundamental de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica establecido en el art\u00edculo 72 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica y el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, que la misma Sala de lo Constitucional en su sentencia AA 0776-2014 inst\u00f3 a desarrollar \u201cuna discusi\u00f3n aparte del contenido de ambos art\u00edculos [sobre] su interpretaci\u00f3n y la legalidad de los mismos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De igual forma, estos art\u00edculos ignoran los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la informaci\u00f3n conocidos como \u201cPrincipios de Tshwane\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Principio n\u00famero cinco de Tshwane establece que \u201cNinguna autoridad p\u00fablica estar\u00e1 exenta de los requerimientos de divulgaci\u00f3n, incluyendo al Poder Judicial, Legislativo, Instituciones Supervisoras, Servicios de Inteligencia, Fuerzas Armadas, Polic\u00eda, otros cuerpos de Seguridad, los Jefes de Estado y de Gobierno y las dependencias que integren los anteriores\u201d y que \u201cno se podr\u00e1 clasificar informaci\u00f3n por motivos relativos a la seguridad nacional simplemente con el argumento de que fue generada por, o transmitida a un Estado extranjero o un organismo intergubernamental, determinada autoridad p\u00fablica o unidad dentro del \u00e1mbito de una autoridad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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