Cerca de $1 000 millones acumularon los Cachiros con tráfico de drogas

Los Cachiros fueron uno de los grupos transportistas más grandes de Honduras, que llegaron a acumular un patrimonio neto de casi mil millones de dólares. El grupo estaba conformado por una familia de antiguos ladrones de ganado y se convirtió en un jugador importante en el comercio de cocaína entre organizaciones colombianas y mexicanas.
Se cree que el grupo compraba las drogas a organizaciones colombianas, posiblemente en Nicaragua, así como en su natal Honduras. Luego pasaban la cocaína al Cartel de Sinaloa y a otros grupos mexicanos. Los Cachiros tenían grandes intereses empresariales y políticos, que se extendían hasta la élite hondureña. Tenían contactos importantes en el ejército y en la policía, particularmente en el departamento de Colón, el bastión del grupo.
El gobierno de Honduras ignoró al grupo criminal hasta hace poco. Sin embargo, recientemente el gobierno de Estados Unidos comenzó a mostrar un especial interés en Los Cachiros, atacando los activos del grupo. En septiembre 2013 ejerció fuerte presión sobre el gobierno hondureño para que confiscara entre US$500 millones y US$800 millones en propiedades de la familia. Presuntamente a través de un acuerdo negociado con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), dos de los líderes de esta organización se entregaron a las autoridades estadounidenses en enero del 2015, dejando a la organización frente a un futuro incierto.
Historia
Operando a lo largo de la frontera entre Olancho y Colón, los hermanos Rivera Maradiaga, al parecer con la bendición de su padre, empezaron a robar y a revender ganado. Sus propiedades se expandieron con el tiempo y en algún punto a finales de los años noventa y principios del nuevo siglo se unieron a la figura más importante del hampa de la zona, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias "El Coque".
El Coque estaba bien posicionado, tanto económica como políticamente. Salía con Margarita, una de las hijas del entonces congresista Ramón Lobo. Así mismo, Javier, el mayor de los Rivera Maradiaga, salía con la hermana de El Coque. Por su parte, Ramón Lobo es propietario de varios terrenos en la región, aunque aún no ha sido vinculado formalmente con actividades criminales.
Eventualmente El Coque sería capturado y deportado a Honduras, donde fue encarcelado y asesinado tres días después.
Con Coque fuera del camino, Los Cachiros quedaron a cargo y Javier dirigiría las operaciones. Comenzaron a manejar envíos regulares, desde la región de Gracias a Dios hasta el occidente de Honduras o Guatemala, donde entregaban la mercancía a compradores mexicanos o a sus contrapartes guatemaltecas.
El momento era propicio, Honduras estaba pasando por un periodo de agitación política cuando el presidente Manuel Zelaya fue removido del poder por los militares y expulsado del país en 2009. El gobierno provisional que se instauró pasó la mayor parte de su tiempo lidiando con la inestabilidad política resultante. Las drogas comenzaron a fluir libremente y Honduras se convirtió en un importante puente entre las organizaciones narcotraficantes colombianas y mexicanas.
Los Cachiros aprovecharon esta situación y comenzaron a cobrar entre US$2.000 y US$2.500 por cada kilo que movían. Así mismo, este grupo tomó el control de varias rutas aéreas: un alto miembro del Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que el grupo controlaba el 90 por ciento de las pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras. Las ganancias eran enormes, como lo ilustran las incautaciones realizadas por el gobierno de Honduras en 2013.
Los cabecillas de Los Cachiros se encuentran actualmente bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Durante su juicio en Nueva York, Devis Leonel Rivera Maradiaga, aceptó su participación en el asesinato de 78 personas de los cuales se destacan el zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles, el exasesor de Seguridad Nacional, Alfredo Landaverde y el periodista Aníbal Barrow. Adicionalmente, su declaración involucra a miembros de la élite política y económica en actividades de narcotráfico y sobornos. Entre los implicados están el fallecido magnate hondureño, Miguel Facussé, el hermano del presidente actual de Honduras, Antonio Hernández y el expresidente Porfirio Lobo y su hijo Fabio.
Liderazgo
Los Cachiros fueron un clan familiar que contrataba locales, con quienes tenían poca relación y contacto, lo que minimizaba el riesgo si alguno de ellos se veía comprometido con las autoridades.
Javier Eriberto Rivera Maradiaga, alias "Javier Cachiro" y su hermano Devis Leonel Rivera Maradiaga son los presuntos líderes del grupo. Por temor a ser asesinados, ambos hermanos se entregaron a la DEA en enero de 2015. Javier Rivera se declaró inocente de cargos de tráfico de drogas en Febrero de ese año.
Geografía
El grupo operaba en el departamento de Colón, en la costa noroeste de Honduras. Su territorio se extiendía al oriente hasta Gracias a Dios, al sur hasta Olancho y al occidente hasta San Pedro Sula, el centro criminal de la región.
El grupo también tenía operadores en Nicaragua, donde sus contratistas recibían y transportaban drogas desde Costa Mosquitos hasta Gracias a Dios y Colón, donde son dividas en cargamentos más pequeños y movidas a través del país.
Aliados y enemigos
Según informes, Los Cachiros enviaban cocaína y otras drogas al Cartel de Sinaloa en México y se piensa que esta organización también tenía vínculos con la organización criminal colombiana Los Rastrojos.
El grupo utilizaba pandillas para transportar algunas drogas, que eran movidas en motocicletas para evitar los controles militares mediante el uso de carreteras secundarias.
Perspectivas
El imperio de Los Cachiros como grupo especializado en el transporte de drogas podría haber terminado con el encarcelamiento de sus líderes en Estados Unidos. La cooperación de los hermanos con la justicia estadounidense ha revelado su penetración en la esfera de alto nivel del gobierno. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, la profunda conexión entre el crimen organizado y las élites del país quedaría expuesta. Un hecho que pone en evidencia como la complicidad entre quienes sustentan el poder político y quienes se mueven en el mundo del hampa pueden lucrarse enormemente de las economías ilegales.