Estado de Honduras de nuevo ante la Corte IDH por incumplimiento de sentencia

Ocho años después de la destitución arbitraria de tres jueces y una magistrada, el Estado de Honduras se enfrentó a la primera audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, a partir de la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera en 2015. Los representantes de Guillermo López Lone y de Tirza Flores comprobaron la “falta de voluntad política” para reincorporarlos en sus cargos.

El proceso interamericano culminó con una sentencia que reconoce las violaciones de las que Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez y Ramón Enrique Barrios fueron víctimas, a partir de su destitución arbitraria durante el golpe de Estado que ocurrió en Honduras en el año 2009.

Entre otras medidas, la sentencia ordenó al Estado hondureño reintegrar a los jueces y la magistrada a “cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos”.

En noviembre del 2016, la Corte Suprema de Justicia se negó a reincorporarles y en su lugar ofreció a las víctimas una indemnización.

En la audiencia, Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) afirmó que “existe presupuesto, las autoridades tienen la facultad normativa, hay opciones reales para que se reincorporen a sus trabajos, sin embargo, no se les reintegra, porque no se quiere. Las autoridades no tienen la voluntad de hacerlo”.

De acuerdo a información oficial otorgada por el Estado, entre el 2009 y el 2016 el Poder Judicial de Honduras ha creado 89 plazas para jueces y juezas, cinco de ellas en San Pedro Sula, donde viven actualmente López Lone y Flores. Además, un Plan Anual Operativo de este poder estatal prevé la creación de dos tribunales nuevos, salas en cinco ciudades del país y la ampliación de juzgados de letras en cinco ciudades de Honduras.

Flores Lanza, Magistrada de la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula hasta que fuera retirada en el ejercicio de su cargo, dijo que “nuestra afectación no sólo es personal, sino que también es institucional. El mensaje que se da al no reintegrarnos es muy pernicioso, porque permite que los jueces sientan que deben ser sumisos y dependientes de las altas autoridades”.

López Lone, que hasta su destitución ejercía como Juez de Sentencia, declaró que “el proceso ha sido revictimizante. Nos alarma la falta de disposición al diálogo de parte del Estado hondureño”.

En la audiencia se solicitó a la Corte Interamericana emitir una resolución que deje en claro el incumplimiento por parte del Estado y que ordene, en el menor plazo posible la reincorporación del juez y la magistrada a sus cargos.

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