MACCIH-OEA: anadmisible robo de expediente en caso Berta Cáceres

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) dela OEA instó hoy a las autoridades hondureñas a realizar una rápida y enérgica investigación en relación a la sustracción del expediente judicial del caso del asesinato de Berta Cáceres, hecho considerado como grave e inadmisible.

“El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, para identificar y sancionar a los culpables", sostuvo Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH-OEA.

La acción de la magistrada María Luisa Ramos, que habría llevado el expediente en su vehículo, sería de una grave irresponsabilidad, indicó la MACCIH-OEA.

En estos momentos la MACCIH-OEA está evaluando el daño ocasionado al proceso judicial por la sustracción ilícita del expediente y designará un funcionario internacional de la Misión para, en el marco de sus competencias de supervisión, verificar el proceso de reconstrucción del expediente a cargo de la autoridad judicial.

De esta forma, se busca garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos, contenidas en la documentación sustraída.

Además, la MACCIH-OEA solicitará al Poder Judicial un informe sobre los procedimientos administrativos que autorizan la salida de documentos de las sedes judiciales y planteará las reformas necesarias que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

La MACCIH-OEA verificará los actos de investigación del Ministerio Público, para aclarar la desaparición del expediente a fin de llegar a los responsables de este hecho, que representa una grave obstrucción a la justicia.

Por su parte, la Fiscalía General de la República, anunció que a través de la Agencia Técnica de Investigación, ha conformado un equipo especial de agentes quienes desde el momento del hecho iniciaron las investigaciones sobre el robo del vehículo de la magistrada Ramos, dentro del cual tenía el expediente.

En ese sentido, el Ministerio Público manifestó que ese acto delictivo, no detendrán el trabajo e investigación del caso de la dirigente ambientalistas.

Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en su vivienda de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá y el expediente se ha mantenido en secretividad violentando el derecho de acceso a la información a las víctimas.

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