Autoridades de la UNAH expulsan a catedrática por opinar en TV

Violentando el derecho a la libertad de expresión y el acuerdo con los estudiantes, los funcionarios públicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) suspendieron de sus funciones a la profesora auxiliar, Margarita Pavón Mairena.

La profesora fue notificada el 16 de agosto, que se le suspendía de su cargo sin el goce de sueldo, por «las declaraciones en contra de su patrono en el Foro Canal 13». La víctima dio su opinión sobre el conflicto universitario entre estudiantes y autoridades, mientras los educandos mantenían tomas del centro de estudios.

Esta suspensión quebranta el primer numeral del acuerdo firmado entre los funcionarios de la UNAH y los estudiantes que dice, «las partes reconocen el derecho a la protesta y manifestación pacífica, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales y la Constitución de la República, que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión».

El numeral cuarto también establece que «la UNAH se compromete a no ejercer acción civil de cualquier tipo, en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros en la anterior y actual problemática universitaria».

El Marco Jurídico Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión estipula que todas las formas de expresión están, en principio, protegidas por la libertad consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, pero existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia.

«Tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa».

Las expresiones de Pavón Mairena, constituyen un discurso protegido, ya que se trata de declaraciones públicas sobre altos funcionarios que manejan un elevado presupuesto público como son las autoridades universitarias, reveló el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que hizo la renuncia.

Agrega que la argumentación jurídica utilizada por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH es subjetiva, pues el artículo 97 numeral tres del Código de Trabajo utilizado como argumento, dice que «el trabajador/a debe observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio», lo que deja un amplio margen de interpretación personal, para su aplicación.

Según los Estandares Interamericanos sobre Libertad de Expresion, « la CIDH y la Corte Interamericana han desarrollado una clara línea jurisprudencial sobre los requisitos que deben cumplir las limitaciones estatales a la libertad de expresión -cualquiera que sea la autoridad de la cual provengan o la forma que adopten- y sobre ciertos tipos de restricción que no son admisibles. En síntesis, para que una determinada limitación a la libertad de expresión sea compatible con el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana, la CIDH y la Corte Interamericana, exigen tres requisitos: (a) que sea definida en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material ; (b) que persiga objetivos autorizados por la Convención ; y (c) que sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue , estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr tales objetivos».

Por lo tanto, e trata de un posible abuso de poder, porque las autoridades universitarias, no tienen la facultad legal ni moral, para determinar el uso de un derecho como la libertad de expresión, o restringirlo con argumentos que no están definidos en el ordenamiento jurídico.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 numeral uno, establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

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