Camino ilegal de la reelección es tomado como inseguridad jurídica: Hugo Noe Pino

Por Hugo Noe Pino

El tema de la reelección presidencial en Honduras para las elecciones generales del próximo año se puede ver desde varias perspectivas: la legal, su impacto en la gobernabilidad y también sus consecuencias económicas. Estos tres aspectos están interrelacionados y su combinación no ayuda a superar los serios problemas que el país enfrenta.

Desde el punto de vista legal, la reelección está precedida de un fallo a todas luces ilegal de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ilegalidad proveniente de varias ilegalidades: la primera, el Congreso Nacional no tiene autoridad para remover magistrados a la Corte Suprema de Justicia, como sucedió en diciembre de 2012, y mucho menos, nombrar nuevos. Segunda, los magistrados ilegalmente nombrados no tienen, de acuerdo con expertos constitucionales, la potestad de declarar artículos de la Constitución inaplicables y de esta forma “autorizar” la reelección.

La profunda polarización en Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009 fue el producto de un supuesto intento de reelección del expresidente Zelaya, polarización que aún no ha sido superada y que amenaza con profundizarse, dado que lo que se impidió a costa de sangre y fuego ahora es permitido. Obviamente esto tiene repercusiones en la gobernabilidad de un país.

¿Cuál es la percepción de la mayoría de la población en relación con las elecciones de noviembre del próximo año? La respuesta breve es la incertidumbre. ¿Se permitirá la reelección? ¿Cuál será la posición de los partidos de oposición? ¿Cuál es la posición de la cooperación internacional? ¿Qué hará la ciudadanía organizada? No existen respuestas garantizadas porque la debilidad institucional es tan débil que difícilmente se puede predecir qué sucederá.

En este marco de incertidumbre, las decisiones de inversión nacional y extranjera se detienen, o por lo menos se retrasan, para ver los resultados finales. Sin embargo, una reelección garantizada por la concentración de poder en las instituciones del Estado abrirá fuentes de conflictos posteriores que nadie puede prever cómo se encauzarán. La represión como alternativa lo único que hará será crear más incertidumbre.

Adicionalmente, el camino ilegal hacia la reelección es tomado en cuenta por los inversionistas, en su mayoría, como una muestra de inseguridad jurídica, ya que sus contratos estarán sujetos a las aduanas políticas tradicionales para su aplicación. Habrá como siempre inversionistas que no les importe, pero estos serán minoritarios en función de las necesidades del país.

Si tomamos en cuenta que Honduras enfrenta un contexto internacional poco dinámico, una violencia que está muy lejos de ser erradicada, un cambio climático con fuertes repercusiones sobre la actividad económica, niveles de desempleo y pobreza muy altos, difícilmente la reelección contribuirá a concitar una voluntad colectiva que ayude a crear las condiciones económicas que permitan mayores niveles de bienestar.

Lo que se verá son niveles de enfrentamiento que no permiten acuerdos nacionales tan necesarios para mejorar la salud, educación, infraestructura, seguridad y otras demandas ciudadanas. El país seguirá en el círculo vicioso de bajo crecimiento, aumentando las brechas de ingreso y sociales existentes. Siempre habrá actividad económica, pero no en las cantidades y calidades suficientes que permitan que el crecimiento económico y la equidad sean las características principales de una Honduras más próspera. (Tomado de icefi.org).

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