La SIP pide a gobierno desistir de querella contra periodistas de El Heraldo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Sistema Nacional de Emergencia 911 de Honduras a desistir de una querella por injurias contra periodistas de diario El Heraldo y exhortó a la institución estatal a evitar la vulneración de la libertad de expresión.
La demanda judicial fue iniciada en aparente represalia por la publicación de una serie de reportajes. El 21 de enero, el Sistema Nacional de Emergencia 911(SNE-911) anunció la presentación de la querella criminal, "por publicidad constitutiva de injurias", contra los periodistas de El Heraldo que redactaron varias investigaciones sobre contratos relacionados con un proyecto de instalación de cinco mil cámaras de seguridad, informó el periódico.
La demanda, anunciada por la presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, Miroslava Cerpas, también incluye a quienes aprobaron su publicación a mediados de este mes, según explicó El Heraldo. La funcionaria requirió al director del medio, de un periodista y del ejecutivo de la empresa que autorizó las publicaciones, además de copias certificadas de notas divulgadas entre el 14 y el 18 de enero.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, consideró que "la medida es un acto de intimidación que busca limitar la actividad periodística investigativa sobre el desempeño de una institución estatal". Dutriz agregó que "se trata de un intento de silenciar las investigaciones incómodas".
El SNE-911 argumentó que la decisión se debe a que El Heraldo "difundió varias notas de prensa en las que, de forma dolosa, informa sobre supuestos actos de corrupción en las adquisiciones del proyecto Seguridad al 100", para instalar cinco mil cámaras a nivel nacional, lo que provocó daños a las empresas proveedoras.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que la medida contradice el décimo principio de la Declaración de Chapultepec que establece que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".
Jornet advirtió que "casos como este pueden fomentar la autocensura, afectar la labor periodística y el derecho del público a acceder a información de interés general".
