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CIDH pide protección para Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer Resolución, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 30 integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras.

Según la parte solicitante, los integrantes del Comité desarrollan actividades de defensa de derechos ambientales, a través de denuncias públicas y legales sobre proyectos extractivos y de explotación minera y el Bufete Justicia para los Pueblos  lleva la representación legal del Comité, así como de los diversos colectivos de personas defensoras ambientales en Honduras.

Ambos grupos han sido objeto de amenazas de muerte, seguimientos, vigilancias, hostigamientos y otros hechos de violencia a lo largo de los últimos años en el ámbito de su trabajo como personas defensoras de derechos ambientales y como representantes legales. Tales situaciones se mantendrían en el tiempo dado que algunas no cuentan con medidas de seguridad y las que el Estado otorgó a otras, no se estarían implementando  adecuadamente.

Por su parte, el Estado informó sobre las distintas diligencias y acciones adoptadas para abordar la situación. Habría otorgado medidas de protección a través del Mecanismo de Protección, que incluirían enlace policial, patrullajes, y acompañamiento policial. Igualmente, señaló que está pendiente la revaluación del riesgo para ser presentado al Comité Técnico del Mecanismo de Protección.

La Comisión valoró las acciones implementadas por el Estado a favor de las personas beneficiarias, sin embargo, observó que continúa la situación de vulnerabilidad frente a que las medidas no estarían siendo implementadas adecuadamente y no resultarían suficientes para proteger a las personas propuestas beneficiarias de acuerdo con su situación y nivel de riesgo, y la necesidad de continuar con la investigación de los hechos informados.

Por consiguiente, en los términos del Artículo 25 del Reglamento, se solicita al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes identificadas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y del Bufete Justicia para los Pueblos.

Igualmente que implemente las medidas de protección que resulten necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia;

Finalmente que concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

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