Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión preocupada por violencia e impunidad contra periodistas

El informe de la Relatoria Especial sobre Libertad de Expresion (RELE) de la OEA destacó que al menos 6 comunicadores fueron asesinados y que podrían estar vinculados con el ejercicio del periodismo, ya que aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales. Además, numerosos periodistas abandonaron el país a raíz de amenazas y muestra su preocupación por la persistencia del uso del derecho penal para castigar a comunicadores, siendo de particular gravedad la condena a 10 años de prisión contra un periodista por delitos de injurias.

La Relatoría Especial observó, en 2019, con preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado –policiales y militares– en la represión de las protestas, lo que derivó en muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión.

Otras normas que preocupan a la RELE es aún se mantendrían en el texto del nuevo Código Penal por entrar en vigencia. la tipificación de los delitos de “aprovechamiento de secreto o información privilegiada” y “espionaje”, que podrían penalizar el ejercicio periodístico, y de los delitos de “desórdenes públicos”, “reuniones y manifestaciones ilícitas” y “perturbación del orden”, los cuales podrían criminalizar indebidamente el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión.

En cuanto a los asesinatos, la RELE los de los periodista Gabriel Hernández en el municipio de Nacaóme, departamento de Valle, el presentador de televisión Santiago Carvajal, activista por los derechos de la comunidad LGTBI, el periodista Edgar Joel Aguilar, corresponsal del Canal 6 en Copán,  el periodista Buenaventura Calderón, coordinador del noticiero “Ecos de la Mosquitia”, en la Radio KupiaKumi, de Puerto Lempira, la comunicadora del Canal 45 de Catacamas (Olancho), Johana Alvarado y el periodista José Arita, quién fue atacado con armas de fuego cuando salía de las instalaciones de Puerto Visión Canal 12, tras finalizar su programa “La Hora de la Verdad”.

La violencia contra periodistas y la impunidad de los perpetradores de los ataques y amenazas continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Honduras, ya que varios reporteros fueron agredidos mientras realizaban su trabajo. El camarógrafo del canal Une TV, Issac Buezo, habría sido impactado por una bala de goma lanzada por miembros de la Policía Nacional, cuando cubría un operativo contra una protesta de opositores al gobierno en Tegucigalpa. El periodista Yeovany Villalobos, de Canal 11, habría sido herido en el ojo por una piedra lanzada durante un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, el camarógrafo de Q'hubo Tv, Mike Lino, habría sido herido en una pierna. La periodista Melissa Hernández y su camarógrafo habrían sido agredidos por miembros de la Policía Nacional en Choluteca mientras realizaban una cobertura del desalojo.El periodista Wenceslao Canales, conductor del programa “Cuarto Poder”, del Canal 29, habría recibido mensajes intimidatorios luego de denunciar situaciones críticas en el hospital “San Isidro” de Tocoa, departamento de Colón. Asimismo, el director de la DPI habría agredido y arrebatado el teléfono celular del periodista, y habría amenazado con arrestarlo, mientras éste daba cobertura a un hecho policial.

El 1 de septiembre habría sido incendiado el vehículo del periodista Miguel Ángel Tróchez, quien en días previos había sido víctima de extorsiones y amenazas de muerte. El periodista, conductor de “Paradise TV” en el Canal 24, habría denunciado los hechos ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y habría solicitado protección del Mecanismo Nacional de Protección.

Durante el año se desarrollaron intensas protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En abril comenzaron a realizarse manifestaciones en Honduras en protesta por la aprobación de reformas para reestructurar los sistemas de salud y educativo, impulsadas por el Gobierno. Las protestas se masificaron y se extendieron de la capital Tegucigalpa a varias ciudades del país. Tras el impacto generado por las protestas, el Poder Ejecutivo derogó las reformas, pero las manifestaciones continuaron. La reacción del gobierno ante los manifestantes, que habría desplegado una dura represión policial, y luego militar, habría agravado la intensidad de las protestas y derivado en la muerte de al menos seis personas, más de 80 heridos, y decenas de detenidos.Según la organización Comité por la Libre Expresión (C-Libre), del 4 de marzo al 25 de junio, hubo al menos 346 protestas en todo el país.

El 20 de junio, el presidente Juan Orlando Hernández informó en rueda de prensa que ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener las protestas y “garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población”. En este contexto, la Relatoría Especial recibió información sobre graves agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación que cubren las protestas. Asimismo, se han reportado diversas denuncias de actos de violencia y hostigamiento contra manifestantes y defensores de derechos humanos que participan en las protestas.

Por ejemplo, los periodistas Dina Paz y Bladimir Rivera, del CrTv Canal 51, habrían sido atacados por miembros de la Policía con gas lacrimógeno, mientras cubrían una movilización en el departamento de Choluteca. El 27 de abril miembros del Batallón de Fuerzas Espaciales y de la Policía Nacional habrían lanzado gas lacrimógeno contra los participantes de una movilización en Tegucigalpa. Melvin Osorto, líder del movimiento de protesta y miembro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), habría sido detenido por la Policía tras denunciar en una trasmisión en la red social Facebook la represión de los manifestantes.

El 30 de mayo, durante la cobertura de una huelga convocada por los gremios de la salud y la educación en varios puntos del país, varios periodistas habrían sufrido el robo de sus equipos, agresiones físicas e insultos. El camarógrafo Gerson Maldonado, de Azteca Honduras, habría resultado herido tras ser impactado por una bomba lacrimógena presuntamente lanzada por fuerzas policiales durante la represión de una movilización. El 30 de mayo, un maestro que participaba en las protestas de su localidad habría sido herido de bala presuntamente por agentes de la Policía Nacional, que habrían disparado contra la multitud. El impacto le habría provocado la pérdida de un riñón y habría dañado su intestino grueso, colon trasverso y pulmón. 

El 11 de abril falleció Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años, como consecuencia de un disparo presuntamente realizado por efectivos de las fuerzas de seguridad desde una motocicleta, durante la represión de una manifestación. El 19 de junio fallecieron Erik Peralta, de 37 años, y Luis Maldonado, de 29 años. Peralta intentaba cruzar una avenida bloqueada por una protesta cuando elementos del ejército habrían arribado al sitio y comenzado a disparar. Asimismo, el 20 de junio, Eblin Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, habría sido ejecutado por un miembro del Ejército en la localidad de Yarumela, La Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero en señal de protesta.

Asimismo, la Relatoría Especial recibió con preocupación información sobre acciones represivas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones convocadas por estudiantes, por ejemplo, el 24 de junio elementos de la Policía Militar habrían ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y habrían disparado contra decenas de personas que se estaban manifestando en el área de acceso. Como resultado del operativo, al menos cinco personas habrían resultado heridas de bala, entre ellas un estudiante de 25 años, quien recibió un disparo en el brazo, y Elder Nahúm Peralta, otro estudiante de 21 años, quien recibió un impacto de bala que perforó su glúteo derecho. 

Cinco estudiantes del instituto José Trinidad Reyes (JTR) habrían sido detenidos el 18 de julio en el marco de una protesta que habría sido reprimida de forma violenta por la Policía Nacional. También habría sido detenido un guardia de seguridad del colegio. De acuerdo a la información reportada por los medios de comunicación, miembros de la Policía y de la Tropa Integral Gubernamental de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES) habrían lanzado gas lacrimógeno fuera y dentro de las instalaciones del centro educativo, en San Pedro Sula. Los jóvenes habrían sido acusados de atentar contra miembros de la Policía Nacional y de causar daños y perjuicios a la propiedad pública.

El 6 de agosto en Tegucigalpa, una movilización frente al Congreso Nacional habría sido reprimida por miembros de la Policía Nacional con gas lacrimógeno, y varios estudiantes habrían resultado heridos. Otra movilización convocada por estudiantes frente a la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en San Pedro Sula también habría sido reprimida con gas lacrimógeno. Durante la cobertura de las protestas, el camarógrafo de Canal 11, Juan Carlos Castillo, habría sido golpeado por al menos cuatro miembros de la Policía y de las Fuerzas Especiales, y debió ser traslado a un centro médico a causa de las heridas.

Efectivos de la Policía Nacional habrían reprimido con balas y gas lacrimógeno manifestaciones de pobladores y organizaciones defensoras del medio ambiente en contra de la instalación de un complejo habitacional en la reserva natural Parque Nacional La Tigra. 

La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.

De acuerdo a la información recibida, en algunos casos periodistas en situaciones de riesgo y bajo amenazas habrían encontrado insuficiente la protección que otorga el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Esta situación habría forzado a varios periodistas a abandonar el país. Uno de los casos más graves es el del periodista Leonel García Guevara, que habría abandonado el país tras el asesinato de su colega Gabriel Hernández en marzo; ambos habían recibido amenazas de muerte. García Guevara habría solicitado medidas de protección urgentes al Mecanismo de Protección, las cuales le habrían sido inicialmente negadas.

El periodista Joel Mejía habría cerrado su medio de comunicación JM Visión, en el departamento de Olancho, y habría abandonado el país junto a su familia tras recibir varias amenazas presuntamente provenientes de allegados al acalde de La Unión, Ramón Edgardo Cárcamo. 

El periodista Jairo López, de la ciudad de Choluteca, habría denunciado ser víctima de reiterados hostigamientos por parte de altos mandos policiales, detenciones y amenazas debido a su trabajo. Si bien es beneficiario de medidas de protección del Estado, el periodista ha cuestionado que el Mecanismo de Protección ha tomado decisiones sin su consentimiento, como el retiro de la escolta policial, y que no ha sido efectivo en su protección.

Asimismo, el periodista Edgar Andino, productor del programa “El Patrullero de Choluteca”, transmitido por Canal 21, habría denunciado que su domicilio estaba siendo vigilado por desconocidos y que habría recibido amenazas presuntamente de parte de activistas del Partido Nacional en la ciudad de Choluteca. Andino tambiénes beneficiario del Mecanismo de Protección. Los periodistas Selvin López Anariba y Dulce Valle habrían dejado el país tras ser víctimas de amenazas de muerte y extorsión por parte de individuos desconocidos. El periodista Luís Rodríguez habría denunciado ser víctima de constantes amenazas desde 2017, y habría responsabilizado a funcionarios públicos del departamento Comayagua de cualquier ataque que pueda sufrir en el futuro. 

Con especial preocupación la RELE recibió información sobre la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el 8 de marzo ratificó una condena a 10 años de prisión al director de Radio Globo, David Ellner Romero, por la comisión de seis delitos de “difamación por imputaciones constitutivas de injurias” en perjuicio de la exfiscal de la Mujer y esposa del exfiscal General Adjunto, Sonia Gálvez, quién lo acusó de realizar una campaña en su contra desde sus medios de comunicación. El 21 de marzo la CIDH otorgó medidas cautelares para el periodista y, en consecuencia, solicitó al Estado de Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria. No obstante, el 28 de marzo miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) habrían irrumpido en las instalaciones de Radio Globo y detenido a Romero.

Asimismo, el 18 de febrero la diputada de Libertad y Refundación María Luisa Borjas fue sido condenada a dos años y ocho meses prisión por el delito de calumnias constitutivas de difamación. Borjas habría sido denunciada por el empresario Camilo Atala, a quien ésta había señalado como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. El 29 de enero había sido declarada culpable por el juez natural del caso y presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta Pérez, quien entendió que los dichos de Borjas fueron irresponsables, ya que no realizó una investigación previa para asegurarse de la veracidad de su denuncia. 

El periodista César Omar Silva, de UNE Tv, habría sido condenado el 3 de junio por el Juez de Paz Efraín Eduardo Rodríguez a una pena de 37 días de prisión por “maltrato”, tras una denuncia presentada el 27 de febrero por Marcos Porras, quién había llegado a Honduras como embajador de Venezuela, nombrado por el opositor y autoproclamado presidente de ese país Juan Guaidó. Porras, que se habría negado a concederle una entrevista al periodista, también le habría iniciado una querella por difamación y calumnias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresaron en un comunicado su preocupación por disposiciones del nuevo Código Penal de Honduras.

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