El oficio de borrar huellas

Radio Progreso y el ERIC-SJ

Corre por los vientos nacionales e internacionales que Honduras en la última década ha sido administrada por un grupo mafioso que se valió del saqueo de instituciones públicas y del narcotráfico para controlar el poder del Estado y, desde ahí, proteger a sus compinches y aumentar sus capitales.
Una de las estrategias fue intervenir aquellas instituciones que previamente habían saqueado o que utilizaron para lavar fondos del narcotráfico. Sus intervenciones se presentaron como una lucha contra la corrupción, pero en realidad fue una manera de borrar evidencias del grupo criminal liderado por el inquilino de la presidencial.
Recuerdan la desaparición de la Dirección General de Ingresos (DEI) y la creación del Sistema de Administración de Rentas (SAR). El principal resultado es que la evasión fiscal siguió su curso y cambió la base de datos de quienes multiplicaron su riqueza con plata que por ley tenían que pagar al Estado.
También apareció un grupo de empresarios que empezó a ser extorsionado por el mismo gobierno. 
La misma suerte corrió la Secretaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que fue transformada en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
El cambio se dio justo cuando Soptravi fue señalada de asignar contratos de manera irregular a empresas pertenecientes a grupos criminales, algunos extraditados a Estados Unidos. Entre el viejo y el nuevo nombre hay una laguna de información perdida.
El hijo de la Soptravi era el Fondo Vial, el cual fue desaparecido de un solo plumazo por el usurpador.
El Fondo Vial fue una institución manejada por Hugo Ardón, hermano de Alexander Ardón, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos, principal socio de Tony Hernández y uno de los fuertes financistas de las compañas electorales de Juan Orlando Hernández.
¿Cuántos contratos habrá entregado Hugo Ardón entre el 2010 y 2015 como director del Fondo Vial?, ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cuánto dinero se lavó con esos contratos?
Y siguen las preguntas.
Las últimas huellas se borraron con el cierre de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), una instancia definida por Armando Urtecho, director de COHEH como “un nido de corrupción”, le quedan unos meses aún de limpieza criminal y cierre final de operaciones.
Esta es apenas una de las estrategias de este régimen y la misma historia han tenido al menos 11 instituciones y el guion es el mismo: la eliminación de las huellas, todos aquellos cabos que queden sueltos para sepultar sus corrupciones.
Y, a pesar de eso, el inquilino sigue gritando como esquizofrénico que está luchando frontalmente contra la corrupción.
Y, peor aún, hay muchos que le creen.

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