Gobierno hace uso desproporcionado de la fuerza: CEJIL

San José, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresó su preocupación al observar que, una vez más, el gobierno de Honduras acude al uso desproporcionado de la fuerza y a medidas represivas para controlar y desarticular la protesta social, que reclama la salida del mandatario Juan Hernández.

De acuerdo con información recabada por organizaciones locales, entre el 29 de abril y el 04 de junio se han contabilizado 31 heridos y tres personas fallecidas. De manera más reciente, el miércoles 19 de junio, medios de comunicación registraron al menos 12 personas heridas y una fallecida producto de la respuesta del Estado, denunció la organización en un comunicado.

Las disposiciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para restringir las protestas ciudadanas y garantizar la libre circulación y el respeto a la propiedad privada, violenta lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Asimismo, CEJIl recuerda que la “presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.

CEJIL destaca que estos hechos no son aislados. Por el contrario, ocurren en el contexto de una grave crisis democrática que ha mantenido al país en constantes brotes de violencia, donde la población civil ha sido reprimida por exigir sus derechos. Los últimos episodios son representativos de una grave crisis de derechos humanos que se profundizó a partir del estallido de la crisis post electoral en noviembre de 2017. En esa ocasión, la estrategia represiva del gobierno dejó un saldo de 38 personas asesinadas, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas.

Asimismo, el Centro observa con preocupación la repetición de un patrón de actuación estatal para desintegrar la protesta social y acallar las voces críticas, en particular las de personas defensoras de derechos humanos, siendo éstas las más expuestas al asedio, amenazas y ataques a su vida, libertad e integridad personal.

La organización, denuncia que el gobierno de Honduras está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales, por lo que demanda al Estado garantizar que las manifestaciones puedan realizarse en un entorno seguro, libre de violencia, respetando los derechos a la protesta social pacífica, la libertad de reunión, y de expresión.

Finalmente CEJIL hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a los órganos de protección a monitorear de cerca la situación que se vive en Honduras.

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