ONU pide revisar leyes que obstaculizan acceso a información publica

La Organización de Naciones Unidas en Honduras recomendó
revisar la legislación y las regulaciones que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública, ademas de abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación mediante la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, y despenalizar la difamación y la calumnia.

En el informe dado a conocer este lunes por la Alta Comisionada de Naciones Unidas insta al gobierno y las instituciones a mejorar el desarrollo de indicadores desagregados y la recopilación de datos desagregados, promoviendo un enfoque de derechos humanos, multicultural y de género en las políticas públicas y la planificación.

Asimismo tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y los recursos naturales, cambiando el enfoque de criminalización de la usurpación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioeconómicas que subyacen al problema.

La ONU también pide asegurar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Poder Judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponer sanciones en caso de que se determinen violaciones de derechos laborales.

"Adoptar una política o plan para guiar a las empresas respecto de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, para garantizar que el sector privado ejerza la diligencia debida y evalúe el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos, y que se diseñen remedios para mitigar cualquier impacto en los derechos humanos generado por dichas actividades", es otra de las recomentaciones.

En materia de violencia e inseguridad, la ONU insta al gobierno a redoblar los esfuerzos para perseguir el crimen organizado en todas sus formas, reconociendo su estrecha conexión con los delitos económicos, incluida la corrupción, ademas de diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público; fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad; y garantizar el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada.

La alta comisionada considera que se debe asegurar que la legislación se adopte o revise de acuerdo con los estándares de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, priorizando áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado y el control de armas de fuego y municiones, así como la regulación de las empresas de seguridad privada; y reformar la legislación relacionada con el terrorismo y derogar el artículo 335 del Código Penal.


También tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares internacionales y para que se implementen medidas alternativas en pleno cumplimiento de las normas internacionales, en particular las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y priorizar las intervenciones que prevengan la institucionalización de los niños y persigan el interés superior del niño, e incrementar los recursos para la justicia juvenil.

En la esfera de la justicia, el gobierno debería adoptar las reformas legales necesarias para fortalecer la independencia del sector y la carrera profesional, y reformar el proceso de elección del Fiscal General a fin de garantizar la transparencia y la publicidad e intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad, en particular de las violaciones de derechos humanos, y promover la coordinación entre las unidades especializadas de la Fiscalía General.

La ONU considera que se deben asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017, priorizando las muertes y las lesiones; llevar ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley; y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.

Con respecto al desarrollo del espacio democrático, según la ONU, el gobierno debería promover la coordinación entre las entidades estatales con responsabilidades relacionadas con la protección de los defensores de los derechos humanos, entre otras mediante el desarrollo y la adopción de una política integral, basada en los derechos humanos y en la perspectiva de género y avanzar en el desarrollo de un protocolo inclusivo, basado en los derechos humanos y en un enfoque de género, para la investigación de los delitos contra los defensores de los derechos humanos y el fortalecimiento de la nueva Unidad Especial.

En relación con la igualdad y la no discriminación, la ONU estima que el gobierno debería consultar debidamente con los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, sobre cualquier ley o reglamento para que se implementen consultas libres, previas e informadas, y redoblar los esfuerzos para delimitar, demarcar, registrar y proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas.

"Adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública; revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio en el cumpli- miento de las normas internacionales de derechos humanos; eliminar la prohibición absoluta del aborto, de conformidad con las obligaciones regionales e internacionales del Estado; y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", es otra de las recomendaciones del extenso informe.

Finalmente pide tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos, y reforzar medidas para abordar las necesidades de protección de las personas migrantes, en particular de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad; asistir a las víctimas de violencia con riesgo de desplaza- miento forzoso; y apoyar el acceso de los migrantes retornadas a programas sociales y de empleo.

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