Delegación de EEUU repudia que gobierno hondureño de respuesta penal a problemas sociales
Una delegación de Estados Unidos que observa el proceso legal en contra de los 12 defensores medioambientales, cuestionó la criminalización que hace el gobierno por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.
Los delegados mostraron su preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, quien ha contado con el apoyo firme de la embajada de los Estados Unidos.
“Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado. El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada”, señala el comunicado emitido por la delegación.
Agrega que también constataron la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una "banda organizada", construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.
Repudian que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos a la vida de los defensores.
A criterio de los delegados la embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.
La delegación norteamericana la confirman Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de la Hermanas de San José de Boston, hija del gran luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White y la pastora Kathleen McTigue, Directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EEUU, dedicado a la defensa de los derechos humanos.
