Gobierno niega atención a miles de desplazados por violencia, cuestiona la sociedad civil
Mas de un cuarto de millón de hondureños se han desplazado en Honduras hasta lo que va del 2018, según un comunicado de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Desplazadas (ROSCPPD) ante la visita in loco de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización manifesta que las causas de ese alto indices, es porque Honduras registra el mayor índice de violencia en latinoamericana y es la región de tránsito del 80% de la droga hacia los Estados Unidos y ámbito donde se dirimen por la violencia los conflictos entre diferentes grupos del crimen organizado.
Ademas las amenazas, intimidaciones, asesinatos, torturas, reclutamiento y utilización de niños y niñas, extorsiones, violencia sexual, violencia de género, secuestros y restricciones a la libertad de movimiento siguen siendo reportadas en Honduras.
El desplazamiento forzado es utilizado como mecanismo de protección de la población para salvar sus vidas. "Los altos índices de pobreza, desigualdad, exclusión y desempleo también inciden en la toma de decisión de la población para huir y buscar protección fuera del país, la gran mayoría busca refugio en los Estados Unidos", afirma el comunicado.
Las personas obligadas a desplazarse en Honduras son víctimas de violaciones de derechos humanos que atenta contra sus vidas y dignidad humana. "Los grupos de crimen organizado son los principales perpetradores, sin embargo algunas personas también se desplazan por la omisión de las obligaciones de protección y asistencia del Gobierno y otras directamente afectadas por la acción de funcionarios del Gobierno", agrega.
Actualmente hay un incremento de personas hondureñas solicitando la condición de refugio que huyen de la violencia en Honduras, según datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el 2017 aumentó en un 37 por ciento la cantidad de personas de nacionalidad hondureña, a las que fue otorgada la condición de refugiado, los principales argumentos para la solicitud de la condición son razones de persecución, inseguridad, violencia e incluso ataques de grupos criminales y del crimen organizado.
Según ACNUR, un total de 14 mil 427 hondureños recibieron el estatus de refugiados en el mundo, reflejando un incremento sustancial en comparación con el 2016 que fueron 10 mil 507, y aun estan pendientes de resolver sobre si se otorga o no la condición de refugio a 59 mil 786 del año pasado, por lo que el incremento es del 70% con respecto al 2016.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) reportaron que hay 190,000 personas desplazadas en Honduras. Según el análisis de la Red de OSC para la Protección de Personas Desplazadas.
Con base en la interpretación de resultados de las estadísticas obtenidas del ACNUR en torno a hondureños solicitantes de refugio, el informe estadístico trabajado por la organización Cristo Sal Honduras, los casos atendidos por las organizaciones Pastoral de Movilidad Humana, Casa Alianza Honduras, Red Contra la Violencia Sindical y CIPRODEH, en un total de 268 familias de 38 casos atendidos entre las cuatro organizaciones en el primer trimestre del año 2018, se sugiere que el número de personas desplazadas en Honduras hasta 2018 sería de 264,481.
Ante esa dramática situación se solicita al Estado de Honduras que reconozca el desplazamiento interno asociado con las acciones de fuerza del gobierno a través de la Policía Militar del Orden Público y otros órganos de seguridad del Estado. Así mismo, es importante se profundice sobre el desplazamiento interno generado por la implantación de empresas extractivas en comunidades campesinas, indígenas y negras; desplazamiento interno forzado a causa de discriminación por identidad de género, orientación sexual y el desplazamiento a causa de desastres.
Asimismo lamenta que no existe en Honduras un marco jurídico sobre desplazamiento interno forzado. Desde la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia se elaboró un anteproyecto de ley que se encuentra engavetado en la Secretaría General de Gobierno sin brindar información del motivo por el cual no es presentado al pleno del Congreso Nacional de la República.
Por otro lado, el diputado por el Departamento de Valle Tomas Zambrano, presentó un anteproyecto de ley para la protección de personas desplazadas copiado de la legislación colombiana, el anterior sin consenso con la población, con la Comisión y sin ningún avance de discusión en el Congreso Nacional de la República.
"Al no existir normativa jurídica sobre la materia, ni avances sobre los ante proyectos de ley, la mayor parte de la población desplazada continua desatendida y desprotegida, ninguna institución del Estado asume el rol de proteger a las víctimas e inclusive son revictimizados por uno y otro órgano del Estado; poniendo en detrimento la dignidad humana y el derecho fundamental de la vida", afirma el documento.
Ademas la sociedad civil sigue enfrentando la crisis de atención a personas desplazadas internas con necesidad de protección, aunque se creó la Dirección de Articulación de la Respuesta al Desplazamiento Interno (DARDI), la respuesta del Estado es mínima en comparación a la demanda; por lo insta a la CIDH a consultar sobre el funcionamiento de este órgano estatal y la diferenciación entre la función Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia.
