Con grilletes en pies y manos fueron presentados estudiantes ante juez

Como si se tratara de peligrosos delincuentes con grilletes en pies y manos llegaron 20 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el periodista Ronnie Huete, a la Audiencia de Imputado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, este 26 de mayo de 2017.

Aunque el Ministerio Público (MP) a instancias de las autoridades de la UNAH, solicitó la prisión preventiva, el juez que lleva la causa otorgó medidas sustitutivas.

Los jóvenes fueron capturados la madrugada del 25 de mayo, tras ser torturados por la guardia de seguridad privada de la UNAH, 16 varones y cuatro mujeres que se tomaron las instalaciones del edificio administrativo de ese centro educativo en apoyo a los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa que están enfrentando un juicio por el Delito de Usurpación, incoado por el MP a solicitud de la rectora Julieta Castellanos en julio de 2015, después de jornadas de protesta.

Los detenidos fueron presentados a la audiencia, cuatro mujeres universitarias con esposas en sus manos y grilletes en sus pies, igualmente el resto de sus compañeros, mientras que en las afueras padres, madres y compañeros gritaban al unísono que se les hiciera justicia a los imputados.

Simultáneamente, en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa se llevaba a cabo el Juicio Oral y Público contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.

La audiencia de declaración de imputado inició luego de más de 24 horas de detención. Todos estaban sentados en el suelo, fueron acusados de daños y privación de libertad contra agentes privados de seguridad y por daños agravados en contra de la UNAH.

"Los testigos protegidos eran guardias de seguridad de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), quizá los mismos que participaron en torturas contra los manifestantes", escribió la periodista Dina Meza en su página Pasos de Animal Grande.

El Juez les preguntó a los imputados si querían hacer uso de la palabra, casi todos contestaron que no, solamente el periodista Rony Huete lo hizo para aclarar que se encontraba en el lugar haciendo una cobertura, pero el fiscal dijo que no era relevante, ya que Huete estaba en el lugar y que sería tratado como todo el grupo.

El fiscal, acuerpado por un abogado de la UNAH, pidió que le dieran protección a las víctimas naturales, en este caso a los guardias de ESPA y que se aplique a los imputados una medida de detención judicial por el término de ley para inquirir, ya que existía el peligro de fuga por parte de los procesados y una posible obstrucción en la investigación.

Irregularidad

Carlo Jiménez, abogados defensor en representación del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) denunció en su intervención irregularidad en el debido proceso, cuando los jóvenes los trasladaron a los Juzgados, tres supuestos agentes de la DPI sin identificación, uno de ellos llevaba el apellido Flores bordado en la gorra, pidieron al encargado de custodia que separaran del grupo a Armando Velásquez para tomarle fotos. Esta acción ya se había hecho en la Policía Metropolitana Número Uno.

Jiménez exigió al fiscal aclarar el hecho, el funcionario respondió que “nos parece que ese hecho no constituye tipo de delito, desconozco si eran agentes, ponga la denuncia en debida forma”.

El abogado demandó que se respetara el estado de inocencia plasmado en el artículo 2 del Código Procesal Penal y articulo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Eimy Jiménez, una de las estudiantes procesadas dijo que durante el proceso sintió indignación porque los acusan hasta de secuestro y quienes ingresaron violentamente a las instalaciones de la UNAH son las que ahora les acusan. “Nosotros no hicimos nada malo y no estábamos dañando nada", dijo.

Por su parte Nery Gómez, adujo que “poco a poco como juventud nos están matando e impidiendo la libertad de expresión como es el derecho a la protesta pacífica, fundamentado en los derechos universales”.

Expresó que las 27 horas que pasaron encerrados en una hedionda y oscura celda fortaleció más la unidad con sus compañeros con quienes pudo compartir y en medio del dolor “nos enchacharon y engrilletaron, pero jamás vamos a dejar de luchar por nuestros derechos”.

En la opinión del abogado Mario Rojas, la universidad una vez más hizo un mal uso del derecho penal llevando una situación interna de la institución al ámbito penal, con el ánimo de restringir el derecho fundamental a la manifestación.

Existe una diferencia al proceso del año pasado, esta vez trataron de tipificar la acción con delitos más gravosos para que pudiera decretarse una acción judicial, en este caso los acusaron de daños agravados y detención injustificada de la libertad, cuyas penas exceden de seis años, por ende amerita la detención judicial.

“Desde allí se nota la mala fe de parte de la universidad en contubernio con el Ministerio Público que se presta a los caprichos de las autoridades universitarias”, continuó Rojas.

Al final el juez les dictó medidas sustitutivas a la prisión, éstas son ir a firmar todos los viernes, no salir del país y no acercarse al edificio administrativo.

La audiencia inicial quedó programada para el viernes 23 de junio del 2017 a las 10:00 am.

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